RN 27-04-07






PLAN B PAG. 2

Uruguay logró ayer que EE.UU. negocie bienes. TIFA. Uruguay y EE.UU.
superaron diferencias respecto al acceso de bienes y establecieron una
agenda de negociación. Próxima reunión, el segundo semestre.



Uruguay logró parte de su objetivo en el Tifa, y comenzó la negociación del
acceso de algunos bienes al mercado estadounidense: los arándanos ingresan
en setiembre y la carne bovina, hacia fin de año.

El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, dijo a Radio Sarandí que
la reunión técnica bilateral celebrada en la víspera, con el fin de superar
las diferencias entre ambos países y habilitar avances en las negociaciones
comerciales enmarcadas en el Tifa, fue muy auspiciosa. "Estamos todos
bastante contentos porque Uruguay hizo su planteo de acceso a mercados y se
estableció con facilidad un consenso de los temas que compondrán la agenda a
negociar". Para el jerarca, la habilitación de ingreso para la producción de
arándanos "demuestra que este proceso echó a andar con mucha agilidad".

Fernández señaló, también, que se decidió comenzar el análisis fitosanitario
de los cítricos para permitir su ingreso a ese mercado.
"Éste es un camino que se inició hoy y no sé con qué, formato de acuerdo va
a terminar, pero los resultados son auspiciosos y sé que la relación
bilateral se va a fortalecer", enfatizó.
En la sesión de trabajo, EE.UU. presentó dos temas nuevos, el biodiesel y la
innovación tecnológica, que a partir de ahora se incluirán en las tratativas
para definir que clase de intercambio puede existir a nivel de comercio e
inversiones de esos productos.



La delegación estadounidense, encabezada por John Veroneau, solicitó que
Uruguay estudie la eliminación del Imesi a las bebidas alcohólicas que se
exportan desde ese país.
El plan de trabajo acordado prevé una nueva reunión conjunta para abordar la
liberalización comercial, incluido el sector agrícola, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, el marco regulador y las barreras al
intercambio de bienes; en el segundo semestre de este año. Queda definir si
será en Washington o en Montevideo. .



Correo de los Viernes (Foro Batllista) PAG. 1

LA DESOBEDIENCIA DEBIDA.



Se está terminando de elaborar por parte del Poder Ejecutivo un anteproyecto
de ley de Defensa.



Ha trascendido que se creará un Consejo de Defensa Nacional (CODENA),
integrado por el Presidente de la República y los Ministros de Defensa
Nacional, Relaciones Exteriores, Interior y Economía y Finanzas; así como el
pasaje de la Justicia Militar a la órbita de la Justicia civil y otras
iniciativas. Sin perjuicio de comentar en su momento este anteproyecto
cuando lo conzcamos "in totum" hay una noticia que mucho nos llama la
atención.



Se trata de que la Ministra Azucena Berrutti, se mostró proclive a incluir
en la futura ley de Defensa Nacional "que en mayo ingresará al Parlamento"
una mención vinculada a que los subordinados militares podrán negarse a
cumplir una orden en caso de que consideren que ella lesiona la Constitución
o los Derechos Humanos.



El planteo, denominado desobediencia debida, fue formulado oportunamente por
el Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el
socialista Jorge Méndez. (Ultimas Noticias, 20/04/2007).



Si esto fuera cierto, es una verdadera aberración. Entre los deberes y los
derechos de los militares, debe figurar en primer lugar la obligación de
respetar la Constitución y cumplir con las leyes y los deberes generales de
todo ciudadano. Y lo que hay que prever bien claro es que los mandos tienen
el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se
respete su autoridad, pero no podrán ordenar actos contrarios a la
Constitución y las leyes.



O sea es al revés de la que opina el Diputado Méndez y la Ministra Berrutti:
la interpretación de la norma, siempre debe corresponder al superior, sin
perjuicio de que posteriormente en caso de una mala orden, deba enfrentar
todo el peso de los procedimientos legales o disciplinarios
correspondientes.



Si a un centinela, el oficial al mando le da la consigna: "Dé la voz de alto
y si no acatan, tire"; el soldado de guardia debe seguir la instrucción al
pie de la letra, disparar en caso necesario y no cuestionarse si está o no
violando los derechos humanos. El responsable es el que da la orden.


De otra manera, se pierde la verticalidad del mando, esencia misma de la
institución militar y no conocemos ninguna ley de las Fuerzas Armadas en el
mundo (al menos en los Estados organizados) que sostenga lo contrario. El
orden jerárquico castrense define en todo momento la situación relativa
entre militares, en cuanto concierne a mando, obediencia y responsabilidad.


Así­ que hay que estar muy atentos cuando el anteproyecto llegue al
Parlamento. Podemos llegar a tener soldados que no le tiran al enemigo,
porque ser­á violatorio del derecho a la vida. .



LA REPUBLICA PAG. 3

Malaquín tampoco recuerda si voló a Buenos Aires el 5 de octubre de 1976. El
ex Comandante de la FAU no entregó "carpeta de vuelo"; se espera copia de
Defensa.



El Teniente General aviador (R) José Pedro Malaquín reconoció ayer ante la
Justicia que viajó en varias oportunidades a Buenos Aires, pero declaró no
recordar si lo hizo en la fecha señalada como en la que se realizó el
"segundo vuelo" de Orletti.


El aviador José Pedro Malaquín, al llegar a la sede judicial, saluda a la
fiscal Guianze. El ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y
presunto integrante de la tripulación del denominado "segundo vuelo" de
Orletti del cinco de octubre de 1976, Brigadier General (R) José Pedro
Malaquín, declaró ayer durante casi dos horas y media ante el juez penal de
19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora
Mirtha Guianze.


Malaquín llegó al juzgado penal de la calle Misiones acompañado por sus
abogados, los doctores Gastón Chaves Hontou y Gustavo Bordes. Previo a
ingresar a la sede, se excusó de realizar declaraciones a los medios de
comunicación que lo aguardaban. "Lo que voy a decir le corresponde al juez
Charles", explicó a los periodistas.


El ex Comandante en Jefe de la FAU, quien además fue Jefe de la Dirección
Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE) y edecán presidencial de Julio
María Sanguinetti durante su primer mandato, compareció ante la Justicia en
calidad de indagado, siendo el tercer militar que concurre a declarar en esa
condición.

Según pudo saber LA REPUBLICA, ante el juez y la fiscal Malaquín reconoció
que viajaba asiduamente a Buenos Aires, pero dijo no recordar si lo hizo el
5 de octubre de 1976, día en que se realizó el "segundo vuelo" en el que fue
trasladada a Montevideo una veintena de presos políticos.


Sin embargo, el magistrado y la fiscal no pudieron ahondar en las
explicaciones de Malaquín, ya que todavía no disponen de su "Carpeta de
vuelo", documento en el que se detallan todos los viajes realizados por los
aviadores de la FAU, y que todavía no fue remitida a la Justicia por parte
del Ministerio de Defensa y del cual Malaquín dijo no tener copia.

Uno de los abogados de Malaquín, el doctor Gustavo Bordes, consultado ayer
por LA REPUBLICA prefirió no realizar comentarios sobre la comparecencia de
su cliente, por el motivo de que "el principal denunciante" de esta causa es
el periodista Roger Rodríguez. Por tanto, según el jurista, las
publicaciones que se realizan en LA REPUBLICA "podrían perjudicar" al ex
Comandante en Jefe de la FAU.

Cuando en setiembre de 2002 LA REPUBLICA denunció quiénes habían sido los
tripulantes de aquel vuelo de TAMU, Malaquín ejercía el cargo de Comandante
en Jefe de la FAU, y a pesar de los intentos para que brindara su versión,
solamente envió una carta en la que no desmintió ni confirmó su
participación en el traslado.


En agosto de 2005, es decir tres años después de dada a conocer la
existencia del "segundo vuelo", el sucesor de Malaquín en el cargo de
Comandante en Jefe de la FAU y actual Jefe del arma, Brigadier General
Enrique Bonelli, confirmó la existencia del traslado de octubre de 1976,
aunque no pudo confirmar la presencia de Malaquín a bordo de la aeronave.


Matices.
En otro pasaje del interrogatorio, Malaquín explicó cómo es el
funcionamiento y la organización de la tripulación de un avión militar.



Según dijo, en aquellos viajes se disponía de otros efectivos que se
ocupaban de organizar el cargamento y que luego comunicaban que todo estaba
listo para emprender vuelo.


Estas explicaciones de Malaquín mostrarían ciertos "matices" con lo que
declaró el pasado viernes 19 el Mayor (R) Walter Pintos, señalado como otro
de los tripulantes de este segundo traslado ilegal, quien dijo que los
pilotos abordaban el avión luego de que éste había sido cargado. El juez y
la fiscal no descartarían hacer notar este "matiz" en posteriores instancias
del caso.



Por otra parte, según dijeron fuentes cercanas al expediente, los abogados
Chaves Hontou y Bordes, quienes también patrocinan al Mayor (R) Pintos,
aportaron ayer su "Carpeta de Vuelo", en la que se evidencia que el 5 de
octubre de 1976 viajó de ida y vuelta a Buenos Aires en un avión C-47 en un
lapso menor a tres horas, lo que coincide con lo denunciado en LA REPUBLICA.


Este documento corrobora la declaración de Pintos del pasado 19 de abril,
cuando ante el juez Charles y la fiscal Guianze reconoció haber volado a la
capital argentina el 5 de octubre de 1976, aunque dijo no recordar el motivo
ni las características del viaje, ni la tripulación que lo acompañó y
tampoco si al regresar fueron trasladados presos políticos.

..



LA REPUBLICA PAG. 3

"Usted no sólo mató civiles".



Previo a ingresar al juzgado, Malaquín fue abordado por Pilar Fontes, la
viuda del aviador Hebert Tomé, fallecido en un accidente aéreo en el
departamento de Florida en 2004, quien reprochó al ex Comandante en Jefe de
la FAU el hecho de haber dispuesto el vuelo aun teniendo en cuenta el mal
estado de las aeronaves.



"Ojalá la Justicia sea justa, porque usted no sólo mató civiles, sino que
mató también a militares", dijo a Malaquín la viuda del aviador, quien
actualmente se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (TCA) sobre un juicio civil entablado contra la
FAU por la muerte de su esposo.


A fines de enero de 2004, el Coronel Hebert Tomé y el Capitán Gustavo Varela
murieron luego de que el avión Cessna A-37 que piloteaban se estrellara en
un campo a unos cinco kilómetros de la ciudad de Florida.



Según se denunció en su momento, el accidente fue causado por un desperfecto
en el avión, aunque desde la Fuerza Aérea se desestimó esa versión y se
argumentó que la aeronave se precipitó por una infortunada maniobra del
Coronel Tomé. .



LA REPUBLICA PAG. 3

Hoy declara Carlos Díaz.



Esta tarde comparecerá en calidad de testigo ante el juez Charles y la
fiscal Guianze el ex Comandante de Jefe del Ejército, Teniente General (R)
Carlos Díaz, quien básicamente será interrogado respecto a una presunta
comunicación verbal mantenida con el secretario de la Presidencia, doctor
Gonzalo Fernández, en la que el jerarca castrense aseguró que los pasajeros
del "segundo vuelo" fueron ejecutados y enterrados en una fosa clandestina,
presuntamente en algún predio militar.

En caso de encontrar algún tipo de contracción entre lo que declare hoy el
ex Comandante en Jefe del Ejército, y lo que señala el secretario de la
Presidencia en los próximos días cuando sea citado a la sede Penal, no se
descartaría la realización de un careo entre ambos. .



LA REPUBLICA PAG. 3

Amenaza de bomba.



El Juzgado Penal de la calle Misiones 1466 vio alterado ayer su normal
funcionamiento a causa de una llamada telefónica anónima que advirtió sobre
la existencia de una bomba en la dependencia judicial, lo cual motivó el
desalojo de todos los despachos, demorando así todas las audiencias que se
estaban realizando y las que estaban previstas.



Luego de dar aviso a la Policía y a Bomberos que inspeccionaron el lugar y
constataron que no existía ningún aparato explosivo, tras una hora de
espera, la actividad en el juzgado volvió a la normalidad. .



CARTA POPULAR PAG. 10

El PVP propuso anular la Ley de Caducidad reformando la Constitución
mediante la voluntad popular. Luis Puig: "Miente el Ejército, miente la
Fuerza Aérea y miente la Armada".



Walter Cruz


Uruguayos secuestrados en Paraguay, llevados a Argentina y luego traídos y
asesinado en Uruguay. Argentinos secuestrados en Uruguay y entregados a los
militares argentinos para que hicieran lo mismo.

Las "patotas conjuntas" del Plan Cóndor estaban entregadas a una brutal
orgía de terror y muerte. Algunos de sus integrantes están presos en Uruguay
y Argentina y terminarán sus días en la cárcel. En el acto realizado el
jueves pasado en la Plaza Cagancha el Partido por la Victoria del Pueblo se
homenajeó a Hugo Cores y a sus mártires. El conocido dirigente Luis Puig
anunció que en estos días presentarán una propuesta a la Coordinadora
Nacional por la Nulidad de la Ley de Impunidad para se reforme la
Constitución de República mediante la voluntad popular.

Y para que de una vez por todas sea anulada esta ley maldita y se haga la
justicia que falta. Es decir toda la justicia. Como se sabe el Presidente de
la República quiere que se deje como está la Ley de Caducidad y una minoría
de sectores y partidos del Frente Amplio apoyan su anulación. También el
PIT-CNT, FUCVAM, la FEUU, familiares y organizaciones defensoras de Derechos
Humanos.
Al finalizar la concentración Luis Puig indicó a Carta POPULAR que "venimos
trabajando con compañeros de otros sectores, porque este no es un tema solo
del PVP". Esos compañeros estaban allí y por sus aplausos era fácil saber
que opinan sobre esta propuesta. Por ejemplo el Senador comunista Eduardo
Lorier, el Subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, el
dirigente del Movimiento 20 de Mayo, Lucas Pittaluga, el titular de la Junta
Nacional de Drogas, Milton Romani, el Diputado de la 1001, Dooren Javier
Ibarra y los líderes históricos del MLN Julio Marenales y Jorge Zabalza.
Personas con distintas historias, visiones y tácticas unidas en torno a un
anhelo común.


Devolver el protagonismo a la gente.

"Vamos a plantearle al colectivo de la Coordinadora Nacional por la Nulidad
de la Ley de Caducidad, la convocatoria para que se den todos los pasos
necesarios para una reforma constitucional, por iniciativa popular,
devolviéndole protagonismo a la gente. Y que sea el pueblo uruguayo - en un
debato a lo largo y a lo ancho del país - que diga si quiere seguir en un
país donde la impunidad se convierta en un oprobio o si queremos terminar
con ella para avanzar en una cultura de Derechos Humanos donde la verdad y
la justicia sean un aspecto esencial. Esa es la propuesta que le vamos hacer
a la Coordinadora Nacional.

Esto no es algo donde el PVP se larga solo. No es una propuesta que hacemos
a un colectivo en el cual se resumen las expectativas y las energías que
habrá que desarrollar en nuestro pueblo hacia la anulación de esta ley",
destacó Luis Puig al comienzo de su intervención.

"Al mismo tiempo vamos a seguir trabajando -como se hace desde mucho
tiempo - en la fundamentación y la presentación de las causas que involucran
a los mando de la dictadura cívico militar que empiezan a ser investigados.
Existe la posibilidad de que tal vez -convocados por todas las banderas de
nuestro pueblo, de las organizaciones sociales, políticas, de Derechos
Humanos - algunas causas que están hoy presentadas, como la del "segundo
vuelo", den como resultado que Gregorio Alvarez también sea procesado",
manifiesta el conocido dirigente.

"En el llamado "segundo vuelo" - continuó Puig-, que realmente no sabemos si
fue el segundo, porque fue una práctica sistemática de la coordinación
represiva el traslado de uruguayos y argentinos desde vecino país. Y también
el secuestro de argentinos entregados a la Escuela de mecánica de la Armada,
que fueron asesinados, por Fuerzas Armadas y de seguridad uruguayas.

Ese "segundo vuelo", que partió el 5 de octubre del 76 de Argentina, tenía
como copiloto a alguien que fue Comandante de la Fuerza Aérea, el Brigadier
General Malaquín (...).

El vuelo que no existió para el representante de Jorge Batlle.


En ese vuelo que fue negado por el señor Carlos Ramela, cuando era
representante de Batlle en la Comisión para la Paz, seguramente fueron
trasladados muchos de nuestros compañeros que estaban secuestrado en
Automotores Orletti.

Y cuando se cerró ese centro clandestino -porque hubo argentinos que se
escaparon y sabían su ubicación - fueron trasladados a Uruguay, durante
muchos años pensamos que los compañeros habían desaparecido en Argentina y
sin embargo vinieron a Uruguay. Eso fue reconocido por el propio Secretario
de la presidencia, que dio una información importante al respecto.

El Comandante en Jefe del Ejército le informó que efectivamente habían sido
trasladados a Uruguay y llevados a una Unidad Militar y ejecutados.

Información que después negó el Ejército.


Nosotros no nos conformamos con esas informaciones cruzadas y
contradictorias el Estado tiene la obligación de investigar quien ordenó
esos traslados, quien es el responsable de eso asesinatos, de ese genocidio
cometido en Uruguay. El Estado tiene la obligación de que quienes ocupan la
dirección de las Fuerzas Armadas den la información".


Los Comandantes sigue mintiendo.


"En el informe que dieron las Fuerzas Armadas - a pedido del Presidente de
la República, interesado en que se investigue y se conozca la verdad - dicen
algunas cosas que son por lo menos preocupantes.

De esos informes surge que la armada no torturó porque tenían un respeto por
los Derechos Humanos de los prisioneros; la Fuerza Aérea trasladaba
prisioneros desde Argentina pero los pilotos parece que no sabían a quien
traían.

Decía un compañero abogado de Derechos Humanos: "parece que el encapuchado
era el piloto". Y el Ejército dice, entre otras cosas, mentiras
sistemáticas, niega algunas cosas y reconoce otras a medias.

Dijeron que Fernando Miranda había sido muerto en el Batallón 14, sus restos
exhumados y sus cenizas esparcidas en el lugar. Y la lucha de nuestro
pueblo, la lucha consecuente del Ejecutivo y demás, permitieron que se
encontraran los restos del compañero Fernando Miranda en el Batallón 13. ...
Las Fuerzas Armadas siguen mintiendo, los Comandantes siguen mintiendo en
este país y habrá que decirles que no se toleran más mentiras (...).

Las causas que estén presentadas, y las que se presentarán, hablan también
de la desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde compañeros del
Partido por la Victoria del Pueblo secuestrados en Paraguay. Los testimonios
señalan al Oficial Calcagno como responsable de los militares que estuvieron
en Paraguay, que los entregaron a las Fuerzas Armadas argentinas y
posteriormente los trasladaron a Uruguay. Todo esto forma parte de una
cultura de impunidad y hay un objetivo que tenemos que transitar entre
todos. Es la anulación de la Ley de Impunidad".


El imperialismo vive y mata.


Sabido es que el imperialismo norteamericano prohijó a todas las dictaduras
de la región, entrenó en la tortura en la desaparecida Escuela de las
Américas en Panamá y envió militares asesores a estos países.

Al respecto Luis Puig destacó, "las enormes reservas antiimperialistas, de
nuestro pueblo. Durante muchos años se nos ha dicho que seguir hablando de
impurismo es estar anclados en el pasado. En realidad está vigente el
imperialismo. Sí, el imperialismo vive y fundamentalmente mata todos los
días como lo estamos viendo". .



ULTIMAS NOTICIAS PAG. 6

Suspenden aislamiento para Gilberto Vázquez.

EL MILITAR PROMETIÓ QUE AHORA SE "PORTARÁ BIEN".



Luego de que el Coronel (R) Gilberto Vázquez pidiera que se le levantara la
sanción tras intentar fugarse, la Dirección Nacional de Cárceles volvió a
alojarlo en el sector "C" de la cárcel especial junto a los otros siete
militares y policías allí recluidos, revelaron a Ultimas Noticias fuentes
oficiales.


"SE VIVE en un régimen de total armonía, no existiendo discordias entre los
reclusos", agregaron nuestros informantes sobre la situación de los
militares y policías retirados recluidos por violaciones a los Derechos
Humanos durante la dictadura militar.



Desde su ingreso a dicho establecimiento, Vázquez hizo todo lo posible para
no pasar desapercibido. Desde tapar las cámaras con salsa blanca para que
sus custodias no pudieran ver qué hacía dentro de la celda, hasta
"piropear" - aunque no en forma ofensiva - al personal femenino que allí
trabaja, lo que no ameritó que se quejaran ante sus superiores.

La gota que derramó el vaso fue cumplir con su anunciada promesa, dada a
conocer a los pocos días de ingresar al establecimiento: "De acá voy a
fugarme", alertó en su momento a los propios guardias.



Y lo intentó utilizando dulce de membrillo para aflojar los barrotes de su
celda, pero su plan fue frustrado por las autoridades carcelarias, que lo
tenían bien vigilado durante las 24 horas, siguiendo órdenes directas
impartidas por el propio director de Cárceles, Julián Rodríguez.



Como se sabe, el membrillo es un alimento que se prohíbe consumir en las
cárceles, justamente por su capacidad para destruir el hierro. Pero además
del membrillo, según se informó en la oportunidad, también los carceleros
encontraron entre sus pertenencias una hoja de sierra.

Por tal motivo, se le suspendió el recreo por 60 días y se le trasladó, por
razones de seguridad, a un pabellón en el que estaba solo.



En una carta dirigida a Rodríguez, Vázquez prometió "portarse bien y no
causar mis problemas", por lo que las autoridades carcelarias le levantaron
la sanción y, al día de hoy, está recluido junto a sus compañeros y goza del
recreo e idénticos privilegios que ellos, tanto en materia de visitas
familiares como conyugales.



"Es lógico que en ese lugar está mucho más cómodo que en el Comcar, porque
ahí son ocho los presos y en el Comecr 3.000, pero el régimen penitenciario
al que están sometidos es igual al que el de cualquier preso.



Acá no hay nada diferencial", aclaró la fuente consultada por Ultimas
Noticias.

..



ULTIMAS NOTICIA PAG. 6

Salidas con estricto régimen.



Ultimas Noticias pudo conocer, a través de voceros policiales, que a la hora
del otorgamiento de salidas para concurrir al médico o ser sometidos a
exámenes en los hospitales Militar o Policial, la Justicia "viene actuando
en forma muy estricta". "Una vez que los médicos pertenecientes al Instituto
Técnico Forense (ITF) evalúan que amerita que el recluso pueda salir, se le
eleva la solicitud al juez de la causa para que resuelva al respecto", se
indicó.





Violencia doméstica
Los crímenes tolerados

Los crímenes que sacuden hoy a la opinión pública son los mismos viejos
crímenes de violencia doméstica que no habían logrado ocupar primeras planas
ni mantenerse en la atención social. Pero esta vez, por los túneles del
viejo topo logró salir a la superficie e instalarse en los medios de
comunicación una de las formas más insidiosas de la violencia, la que se
produce en el seno del hogar. Un paso importante para que esta epidemia deje
de considerarse natural o tolerable.



BRECHA

Clara Michel/Mariangela Giaimo

Pocas cosas producen tanto malestar como reconocer la evitabilidad de las
muertes que no fueron evitadas. Sólo en los crímenes de violencia doméstica
conocidos en el corriente mes (véase recuadro "Sangres de abril") en Uruguay
sobra la evidencia: fueron crímenes anunciados, hubo reiteración de
violencias y amenazas de muerte, denuncias, órdenes judiciales que prohibían
al agresor acercarse a su víctima. Pero no hubo policía ni organismo alguno
que controlara el cumplimiento de la orden. Hubo, al menos en el caso del
policía que asesinó a Fernanda Rial delante de sus hijos, intervención del
servicio de Salud Pública. Pero el psiquiatra que atendía a este policía
violento, reincidente y en crisis personal firmó un certificado en el que
consta que considera al paciente: "sin alteraciones de conducta ni del
estado de ánimo".
La responsabilidad por la omisión trasciende a los actores directos y toca
al Estado, a sus cuerpos policiales, sus servicios de salud y a la justicia.
Toca también a la sociedad de la vista gorda: "La violencia doméstica no es
natural ni inevitable. Persiste porque la sociedad lo permite", sostiene
Amnesty International.
Una orden de restricción que no se puede hacer cumplir, una certificación
médica que no inhabilita al violento, están hablando de una de las
principales fallas de las buenas intenciones: la falta de una política
global en la interrelación del Poder Judicial (pj) y el Ministerio del
Interior (mi) en primer lugar, y de todos los servicios del Estado
capacitados para intervenir en violencia doméstica. Así opinan la senadora
Margarita Percovich, los sociólogos Rafael Paternain y Nita Samuniski y la
periodista Elena Fonseca, consultados por Brecha para esta nota.
Los números son alarmantes: según Paternain, responsable del Observatorio
Nacional sobre Violencia y Criminalidad del mi -véase entrevista a
Paternain-, "las cifras de violencia doméstica superan los hurtos y rapiñas.
(.) No dudaría en decir que, desde la seguridad ciudadana, es un tema de
primera magnitud". Los datos de este observatorio señalan que en 2006 hubo
un aumento, respecto a 2005, del 4,3 por ciento en los casos de violencia
doméstica.

QUÉ PENA, PERO. Cuando los imaginarios ciudadanos sobre la seguridad apuntan
a los espacios públicos, choca reconocer que para las mujeres la mayor
inseguridad reina en el espacio privado por excelencia, el seno del hogar.
Según la oms, el 70 por ciento de los homicidios de mujeres son cometidos
por sus parejas o ex parejas.
Si bien estas violencias se ejercen también sobre niños, niñas y ancianos,
su blanco "privilegiado" son las mujeres. ¿Cómo se manifiestan? Golpes y
heridas voluntarias infligidas por una pareja o pariente; violencias
sexuales infligidas por miembros de la familia en el hogar; violación
conyugal; en algunos países, violencia ligada a las prácticas de la dote y
mutilaciones genitales femeninas. Esta forma de violencia también se ejerce
sobre las empleadas domésticas: reclusión forzada; violencias físicas;
prácticas de esclavitud o violencias sexuales. El Plan Nacional de Lucha
Contra la Violencia Doméstica -ley 17.514, de 2002- incluye en el rubro las
violencias físicas, psicológicas o emocionales, sexuales y patrimoniales.
El Consejo Europeo declaró en 2002 que la violencia contra las mujeres era
un problema prioritario de salud pública y una causa principal de muerte y
hándicap para las mujeres de entre 16 y 44 años. Y el Banco Mundial informa
que el fenómeno produce tantas muertes y enfermedad entre mujeres en edad de
procrear como el cáncer, y constituye una causa de mala salud más importante
que los accidentes callejeros y el paludismo juntos.
Los costos de la violencia conyugal (en el matrimonio y otras formas de
convivencia de pareja) son altísimos, ya sea en gastos por atención fúnebre
o médica, por baja productividad o ausentismo laboral de los afectados. Sin
embargo, el costo humano permanece invisible, porque el discurso dominante
considera "normal" o aceptable este tipo de violencias contra las mujeres. Y
también porque las víctimas, atemorizadas por las represalias y la
humillación pública, guardan el secreto de su drama. Cuando el miedo
persiste a lo largo de las generaciones, es fácil que el discurso dominante
sea internalizado por las propias mujeres (una forma extrema de violencia
simbólica).

AQUÍ, ALLÁ Y EN TODAS PARTES. "No sé realmente qué fue lo que me decidió,
aquella noche, a llamar a la policía, pero digo siempre que lo hice cuando
me vi limpiando mi propia sangre", dice Lorraine, una británica del Reino
Unido, donde los servicios de urgencia reciben en promedio un llamado por
minuto por violencia doméstica.
En Montevideo, sólo la línea gratuita 0800 4141 de la imm, que atiende
emergencias en violencia doméstica, recibe entre 15 y 18 llamados diarios,
con la particularidad de que policías, militares y municipales están
sobrerrepresentados como actores de las denuncias de agresión.
Un estudio internacional basado en 50 encuestas realizadas en distintos
países y regiones señala que una de cada tres mujeres fue golpeada, sufrió
relaciones sexuales impuestas u otras formas de malos tratos a lo largo de
su vida.

CRIMINAL MINDS. No existe un perfil general del abusador. Éste puede
encontrarse en un asentamiento irregular o en un barrio privado; puede ser
embajador, hurgador, médico, policía o escritor. Blanco, colorado,
frenteamplista o independiente. Uruguayo, español o chino. Andrea Tuana, de
El Faro, organización que atiende el maltrato sobre adolescentes, sostiene:
"No hay un perfil, en cambio lo que sí se puede hacer es una identificación
por su sistema de creencias".
Para saber qué sucede en la cabeza de un hombre violento, vale la pena leer
el texto que sigue. Se trata de una carta manuscrita a la que Brecha tuvo
acceso -y cuya autoría no ha de revelar- de un hombre que, poco después de
escribirla, asesinó a su ex pareja y se suicidó. En la carta el autor repasa
los puntos que lo desquician:
"1. Diferencia de (...) años en mi contra.
2. Ella es joven y bonita.
3. Ella es segura y metedora.
4. Ella tiene por quién luchar: los hijos.
5. Yo, inseguro, no sé si realmente me ama.
6. La necesito, siento cosquillas en las tripas; ella no me necesita.
7. Me siento fracasado en el aspecto laboral, (.), social, moral y
económico.
8. Necesito ser dueño de la situación y con ella no lo soy.
9. Me supera su independencia, terquedad y obstinación.
10. No me siento capaz de hacer feliz a nadie. No me siento bien conmigo
mismo. Tuve vida licenciosa.
11. No tengo fuerzas para luchar por algo cuando estoy solo o no tengo
motivos, ella me da fuerza sin saberlo. De los dos, ella es la más fuerte.
12. No sé mostrar mi debilidad, la disfrazo de frialdad, indiferencia,
etcétera.
13. Soy teatrero por todo ello, vendo imagen de seguro y fuerte.
14. No sé qué hacer de mi vida a esta altura de mi vida. Se me cayó la
estantería, (ilegible).
15. Le tengo miedo a la soledad, nunca viví solo y no sé vivir solo.
16. Me di cuenta que no sé quién soy, no me conozco.
(Siguen unas líneas ilegibles.)"
El texto reproducido muestra a un individuo que se siente fracasado en todo,
que no soporta la independencia de su ex pareja y que, tras reiteradas
amenazas debidamente documentadas y denunciadas por la víctima, la mata, sin
que ningún cuerpo del Estado logre (ni intente) detenerlo.
De la carta no se desprende la procedencia social del autor.
Puede ser de sectores bajos, medios o altos. Según Tuana, la violencia
doméstica se ve más en las clases pobres simplemente porque éstas están más
expuestas al control social del Estado. Pero el abusador, sostiene, también
está en las clases altas y muchas veces aprovecha lo que sabe -por ejemplo
si es médico- para golpear sin que queden marcas. Opina Tuana que en las
clases altas la imagen social y el prestigio van en contra de una denuncia,
y todo el sistema familiar apoya y cubre de alguna manera al abusador. "Como
el prejuicio está con los pobres, el personal (médico, docente, policial)
está mucho más abierto a encontrar estos casos. En los más adinerados, se
cubre el dominio y el sometimiento y la mujer se automedica", afirma.

LO QUE NO ESTÁ. Para atender la polifacética trama de la violencia doméstica
faltan muchas cosas: una política global, un protocolo de intervención del
Estado, poner el foco de atención sobre los agresores y no sobre las
víctimas, en particular cuando ellos son policías, soldados u otros
funcionarios públicos. Así lo entienden la socióloga Nita Samuniski,
coordinadora de Mujer Ahora, y Elena Fonseca, periodista de Cotidiano Mujer.
Samuniski entiende que la impactante saga de crímenes de violencia doméstica
de los últimos días pone de relieve una gran omisión en el relacionamiento
entre el pj y el mi en la materia. Considera que es esencial que se concrete
un protocolo de intervención del Estado en violencia doméstica, ya que por
más que el pj decrete órdenes de exclusión para los hombres
violentos -prohibición de acercarse a las mujeres amenazadas-, si no se
implementa una forma de hacer cumplir esas órdenes no sirve de nada. Según
Samuniski, "como mirada global el Estado no tiene una política respecto de
la violencia doméstica. Tiene medidas sueltas, algunas muy buenas, pero cuyo
resultado es la insuficiencia. Se sacó la ley de violencia doméstica, se
pusieron cuatro juzgados especializados, se hizo una guía de intervención en
el msp, se hizo algo en Enseñanza Primaria. Pero para que todo eso se
potencie y rinda el máximo se necesita una política integral de intervención
en violencia doméstica; si no la hay, es mucho esfuerzo que se va al mar.
Que se concrete el protocolo de intervención en violencia doméstica y un
protocolo conjunto que vincule al mi con el pj". En el mismo sentido opina
Percovich (véase entrevista).
También Fonseca reconoce que a pesar del aumento de este tipo de delitos, el
pj no tiene la cabeza puesta en esa problemática. Sin embargo, a diferencia
de Samuniski, Fonseca se muestra optimista con respecto al nuevo mi porque
"ahora, con Daisy Tourné y Miguel Migliónico, que son sensibles al problema,
hay posibilidad de continuar con la obra ya iniciada de capacitar a la
Policía".
Samuniski y Fonseca entienden que, cuando un hombre es denunciado por
violencia familiar, es imprescindible hacer algo con él. Porque todas las
baterías apuntan a la mujer, cuando en realidad no es ella el problema.
"Atrás de una mujer maltratada hay un individuo que es un peligro público.
¿Qué se hace con ese hombre? Si la cárcel no es la solución, ¿cuál es?"
Según Fonseca, hubo una experiencia de tratamiento de hombres violentos
llevada adelante por Juan José Vique, primero en la órbita municipal y
luego, al no sentirse respaldado, en el ámbito privado. Pero la consideran
una de las pocas iniciativas en ese plano.
La Red Contra la Violencia Doméstica tiene planteado intensificar los
contactos con la ministra de Interior, con la ministra de la Suprema Corte
de Justicia Sara Bossio y con el fiscal de Corte. Porque, dice Samuniski,
también la presencia de los fiscales en los juicios forma parte de una
política global que jerarquice y defina objetivos en el tema.

QUÉ HACER. Ante las frecuentes represalias que sufren las mujeres si
denuncian malos tratos y la falta de un programa de protección real para
ellas, Brecha pregunta si es pertinente aconsejarles la denuncia. "Acá les
decimos que consulten en una organización, en un servicio. Porque la
consulta les permitirá evaluar qué es lo que más les conviene hacer. Muchas
veces la denuncia no es el mejor camino ni la primera medida a tomar. Porque
cuando una mujer hace una denuncia en principio se desencadena un proceso de
sanción que afecta a toda la familia, y la mujer tiene que estar muy segura
de poder sostenerlo. Tiene que saber que deberá sostener las consecuencias
de la intervención del Estado pero también las insuficiencias de esta
intervención. Porque después todo vuelve a lo que era -responde Samuniski-.
Sólo cuando está preparada la acompañamos a hacer la denuncia en las mejores
condiciones."
En opinión de Fonseca, la protección de las denunciantes "queda en manos de
nadie". Explica que la violencia doméstica es un delito desde hace apenas
cuatro años y que, aun siendo un delito, no hay ningún instrumento para
controlarlo. "Otro problema con las cifras -señala Fonseca- es que no queda
registro de las muertes por violencia doméstica. Cuando el hombre mata y
luego se suicida no hay juicio, y por tanto no se incorporan como datos de
violencia doméstica. Y son muchos los hombres, el 50 por ciento según
Paternain, que se suicidan después de matar. Habría que hacer una campaña
con eso, como dicen las andaluzas: 'Suicídate hombre, suicídate primero, y
luego la matas'".

Y LOS HIJOS. No es una secuela menor de la violencia doméstica el hecho de
que se produzca, por regla general, delante de los hijos. Fernanda Rial fue
asesinada frente a sus hijos de 11 y 7 años. También este mes un padre
apuñaló a su hija delante de los hijos de ésta. "Y hubo un caso, hace unos
meses, en que el padre acuchilló 17 veces a la mujer delante de su hija, de
4 años, que le decía: 'Papá, no la mates más, no la mates más'", acota
Samuniski.
Por lo general la atención a las pequeñas víctimas, testigos o víctimas
directas de la violencia, está en manos de ong.
Tuana, con diez años de experiencia en esta problemática, considera que
cuando la violencia doméstica toca a niños de clase media y alta es más
difícil que la institución escolar los derive a un centro de tratamiento,
como sí hace la escuela pública. "Es muy difícil que un colegio privado
saque a relucir estos casos -sostiene-, que significan perder un alumno. Y
si se deciden a tratarlo es desde el psicólogo, o desde un terreno más
individual, dejando de lado las instituciones sociales."
Si fuera un simple problema de lógica, los costos sociales de la violencia
doméstica, los económicos y los humanos, bastarían para dedicarle una gran
porción de presupuesto nacional a su tratamiento. Se necesitan recursos para
el tratamiento de las víctimas, para la prevención, para la represión y para
la investigación. Pero como no se trata de un simple problema de lógica sino
de un grave problema enquistado en las profundidades de la cultura que
empieza por negar su existencia o su gravedad, los recursos no están.

LA LENTA ACADEMIA. En las dos últimas décadas hubo avances cualitativos en
la comprensión del fenómeno de violencia de género -y sus diversas
expresiones- en América Latina. Al mismo tiempo, estas investigaciones se
enfrentan a serias dificultades teóricas y metodológicas.
Los sociólogos Roberto Castro y Florinda Riquer,* de la Universidad Autónoma
de México, señalan que durante más de dos décadas las mujeres dedicaron sus
esfuerzos a hacer visible el problema de la violencia sexual y que de esa
práctica surgieron las primeras sistematizaciones. Pero a partir de los años
noventa se hacía necesario avanzar en la conceptualización del fenómeno de
la violencia de género, y sin embargo se produjo una especie de
estancamiento.
El conocimiento generado en el campo de los estudios de género autoriza a
suponer, por ejemplo, que el patriarcado es un fenómeno de carácter
estructural, constitutivo y constituyente del orden y la reproducción de las
sociedades y que puede ser considerado una causa última de la violencia de
género, señalan Castro y Riquer. Sin embargo, como explicación del fenómeno
es insuficiente porque -sostienen- no tiene en cuenta las mediaciones entre
un fenómeno estructural, como el del patriarcado, y su expresión en la
conducta individual. Falta destacar el carácter relacional del fenómeno,
pero a la vez, afirman estos investigadores, "si se acepta que la violencia
de género es un problema relacional y específicamente de acceso y uso
desigual de diversos recursos entre los integrantes de una pareja y/o en el
interior del hogar, sobre lo que habría que preguntar es acerca del poder en
las relaciones de género".
Los investigadores uruguayos coinciden con Castro y Riquer en que se ha
estudiado el efecto de la violencia sobre las mujeres pero hay un vacío en
la investigación académica de este fenómeno en los hombres.
"La imposibilidad de la investigación está asociada al poder, es decir, al
mismo mecanismo que genera el problema (la violencia) que se desea explicar",
entienden Castro y Riquer. Y esa imposibilidad puede estar contribuyendo, en
su opinión, a perpetuar la pobreza y el carácter reiterativo de la
investigación actual, ya que "a fuerza de no poder medir lo que se quiere
investigar se termina por investigar lo que se puede medir". O, como dice
Pierre Bourdieu, corremos el peligro de recurrir, "para concebir a la
dominación masculina, a unos modos de pensamiento que ya son el producto de
la dominación".

* "La investigación sobre violencia contra las mujeres en América Latina."
Documento presentado en el V
Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (Perú).


Formas trágicas de matar a una mujer

Sangres de abril

El episodio de febrero agitó por un momento las aguas que luego volvieron a
la calma. Un legislador comunal, el edil de Lavalleja Hebert Machín Machado
(y él no eligió sus apellidos), asesinó a su ex esposa a balazos y se
resistió a tiros al arresto. Machín declaró que se le habían escapado los
cuatro balazos que impactaron de frente y a corta distancia en el cuerpo de
Nibia Machado, y también el quinto, que entró por la espalda.
Tras ese pequeño respingo producido por la acción de un hombre público, la
atención en este tipo de violencia decayó. Hasta que la reciente saga de
asesinatos y otras violencias domésticas vino a recordar que este teatro de
horrores se desarrolla ante los ojos de todos, sin que haya una reacción
adecuada a tal escándalo.

18 de abril. María Fernanda Rial, de 27 años, fue asesinada de tres balazos
por su ex pareja, Walter Olivera, de 43 años. Él quería reiniciar su
relación; ella, en cambio, se había mudado a escondidas al barrio Las
Acacias para evitar su acoso. Fernanda tenía dos hijos, de 9 y 10 años, y
trabajaba para el barrido de la Intendencia Municipal de Montevideo; Olivera
era agente de segunda de la Dirección Nacional de Prevención del Delito -que
se dedica, entre otras cosas, a la atención de casos de violencia doméstica.
La única protección que tenía Rial ante las agresiones y amenazas de muerte
de Olivera era una "medida cautelar" dada por un juez del Juzgado de
Familia, pero "papel contra balas no puede servir". Olivera ya tenía dos
denuncias por agresiones y atentado -el 24 de diciembre baleó la casa de la
madre de Fernanda-. Según la amiga con quien compartía la vivienda, Fernanda
recibía 30 amenazas telefónicas de su ex pareja por día. El miércoles 18
Olivera fue más certero. Llegó a las 5 de la mañana a la nueva casa de
Fernanda, esposó a la amiga y disparó tres o cuatro veces sobre su ex
pareja, frente a sus hijos. Tenía prohibido el porte de armas, pero ese día
llevaba dos. Después de matar se suicidó.
Ese mismo día, en la Ciudad de la Costa, un juez letrado procesaba con
prisión a otro hombre que había lesionado a su pareja.

19 de abril. Se realiza la marcha "Por una vida sin violencia", organizada
por la Secretaría de la Mujer de la imm y un grupo de trabajadores
municipales contra la violencia doméstica.
Ese mismo día, en Toledo, Ramón apuñaló seis veces a su hija Silvia delante
de los cuatro hijos de ella. Estaba borracho. En este caso ni la víctima ni
el victimario murieron. Los vecinos dieron a entender, en sus declaraciones
a la prensa, que allí había otro tipo de violencias domésticas nunca
denunciadas.

24 de abril. En la vivienda de Domingo Mora y Ángel Zanelli se desata una
discusión familiar entre Bernardo Santos, funcionario policial del cuerpo de
Seguridad Judicial, su esposa y sus hijas de 14 y 16 años.
Hacía varios años que Santos golpeaba a las tres mujeres de la familia y las
amenazaba con su arma de reglamento. Pero ese día su esposa huyó de la
golpiza y decidió denunciarlo al 911. Al llegar Radio Patrulla y la Policía
de la Seccional 18, Santos se suicidó. Familiares y vecinos declararon que
la borrachera y los episodios de violencia eran frecuentes.
El mismo día Pablo Domínguez, de 29 años, con dos antecedentes penales,
golpeó y amenazó de muerte a su concubina con una cuchilla. Fue detenido por
la Policía y el juez penal de sexto turno lo procesó con prisión.

25 de abril. En Florida, un hombre de 44 años, que trabajaba en un
frigorífico, asesinó a su pareja, María Lourdes Vaz, de 39 años, de varias
puñaladas con su cuchilla de faena. Intentó luego suicidarse con insecticida
pero fracasó.
En Montevideo, Miguel Ángel Salerno volvió a la cárcel por lesiones
personales agravadas: lanzó agua hirviendo a su pareja y la golpeó
brutalmente.


Con Rafael Paternain

Un tema de seguridad ciudadana de primera magnitud

Paternain es sociólogo y director del Departamento de Datos y Análisis del
Ministerio del Interior, también es responsable del Observatorio Nacional
sobre Violencia y Criminalidad que funciona desde 2005, año en que por
primera vez se incluyen las denuncias de violencia doméstica en las
estadísticas del ministerio.

-¿En qué consiste la tarea del Observatorio?
-En estos años hemos hecho dos cosas: medir el fenómeno a nivel nacional y
trabajar para que el policía sepa cómo tipificar una violencia doméstica.
Sabemos que hay muchas situaciones de violencia doméstica escondidas en
otras denuncias, como en las de amenazas, agresiones, violencia privada,
violencia sexual y otras. El número es bastante mayor de lo que aparece en
las estadísticas. Por eso presentamos un proyecto para hacer un estudio de
indicadores de violencia y violencia doméstica.
-¿Cómo establecer indicadores de un término tan ambiguo?
-Vamos a hacer un estudio exhaustivo de todas las situaciones de violencia
personal e interpersonal. Analizaremos los homicidios -un grandísimo
porcentaje son producto de violencia doméstica- y otros delitos vinculados.
Así se podrá determinar el volumen real de la violencia doméstica, siempre
desde la denuncia: lo que no llega a la Policía no puede caer en nuestro
trabajo.
Todavía no hay a nivel nacional un sistema integrado para tratar la
violencia doméstica. Pero mejoramos las fuentes de información del
ministerio. Ese es nuestro objetivo: determinar a ciencia cierta y de manera
continua cuántas mujeres mueren en el país por violencia doméstica.
-¿Cuáles son las variables asociadas a la violencia doméstica que se
registran al tomar la denuncia?
-El tema es que nosotros no preguntamos nada. Revisamos los contenidos de
las denuncias que vienen de las seccionales y medimos los perfiles básicos
de la víctima y el victimario, la edad, la ocupación, la composición del
núcleo familiar, dónde se producen los hechos, si es en el hogar o en el
espacio público. Luego se ve si hay lesiones manifiestas o si la víctima
declara que fue agredida físicamente. Nada más.
-¿No se preparará a los policías que reciben las denuncias?
-Eso no depende de nuestra área. Se está trabajando en una modificación del
protocolo de denuncia y eso sí lo debe hacer la institución. El punto más
ambicioso está en cambiar el parte de la denuncia. El tema que usted plantea
es una transformación institucional mayor.
-A la dificultad para animarse a denunciar se suma pues la dificultad de la
denuncia en sí misma.
-Sí, sucede que se intenta disuadir a la mujer que denuncia, no se la toma
en serio, no se la atiende bien o se releva información incompleta. No
obstante, las denuncias son altas. Es más, las denuncias de violencia
doméstica superan a las de hurtos y rapiñas. Hay que dimensionar todo lo que
está escondido en este fenómeno y lo que no se denuncia (la famosa cifra
negra). No dudaría en decir que es un tema de seguridad ciudadana de primera
magnitud.
-¿Por qué es difícil establecer variables que midan la violencia en los
hombres?
-Hay varias razones. Primero las hay de orden político general: hasta hace
poco este tema no era prioritario para la agenda política pública del país.
Hasta 2005 el tema no estuvo ni siquiera en el Ministerio del Interior. Hay
una concepción de que los problemas de la inseguridad pasan por la
delincuencia común. También hay dificultades de naturaleza metodológica. Es
un fenómeno invisible y es muy dificil generar datos y metodologías. Y
además, en algunos casos, el problema es negado por las víctimas. ¿Cómo
puedo llegar a medir una pauta naturalizada o de cultura machista en una
mujer? Esa dificultad va a ser siempre insalvable.


Con la senadora Margarita Percovich

Caos y omisión de los jueces y la Policía

La senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista, EP-FA), integrante de
la Bancada Bicameral Femenina, dijo a Brecha que las legisladoras hacen un
seguimiento de la aplicación del proyecto de ley sobre violencia doméstica y
que hay un observatorio en convenio con la red de ong que trabajan en
violencia -tanto sobre mujeres como niños- para sistematizar los casos.
"Queremos ver cuáles son las conductas de jueces, defensores, fiscales y del
inau. Hemos constatado varios casos en los que no se aplica la ley, y los
trasmitimos a la Suprema Corte para que se tenga conocimiento de las malas
interpretaciones respecto a dicha ley."

-¿Cuáles son esas malas interpretaciones?
-Tienen que ver con la forma de aplicar la ley. Por ejemplo, muchos
procedimientos son incorrectos: careos entre las víctimas, y la no
aplicación de las medidas cautelares. En el caso de la niñez es donde más se
nota, porque muchas veces no se le pone defensor al niño, se le hacen mal
las preguntas (éstas pueden ser una agresión para un chico que ha sido
abusado), o se lo enfrenta con el padre o la madre abusador. La ley la
hicimos para todos los sujetos vulnerables. Por suerte ahora tenemos, con
media sanción, medidas cautelares para los chiquilines. Insisto: lo que
importa es la prevención, que la gente no se muera.
-¿Cumplen algún papel real de protección las medidas cautelares?
-La estructura del Estado todavía no ha desarrollado los instrumentos y las
aplicaciones correctas de las medidas cautelares. El juez y el Ministerio
del Interior (mi) tienen que asegurarse que haya una vigilancia. No puede
haber tantas fallas. En los casos de esta última semana hubo omisión del
Estado ante denuncias muy claras. Ahí hay una clara omisión judicial al
actuar. Lo que sucede es que importan mucho los delitos económicos y contra
la propiedad privada. Pero los problemas de familia no tienen la misma
jerarquía. Y es tan así que, en la cultura del derecho, a los jueces se los
castiga asignándolos a un juzgado de familia. Es la gente, entonces, en sus
problemas cotidianos, la que sufre una mala capacitación del juez. La
Asociación de Magistrados está muy preocupada por esto.
-¿Qué se puede hacer?
-En mi opinión, el mi desmontó algunas herramientas que tenía la Policía
para la atención de la denuncia. La mayoría de las denuncias de violencia se
hacen en las jefaturas, y entonces hay que tener un equipo que atienda
inmediatamente la urgencia, y no que ésta se vuelva una situación rutinaria.
Lamentablemente antes existía y se desmontó. Varias veces hablamos con
(José) Díaz y con (Juan) Faroppa para decirles que no lo desmontaran. Ellos
consideraban que había que capacitar a todos, pero no le dieron importancia
a los dispositivos de urgencia.
Hubo millones invertidos en temas de seguridad, en temas de violencia, pero
si se capacitaba personal, en lugar de concentrarlo en una unidad
especializada, lo dispersaban. Tampoco hay coordinación entre la Policía,
los hospitales, etcétera.
Creo que es necesario también darle más atención al Instituto Nacional de la
Mujer (INM). Tiene que haber direcciones intermedias que coordinen un
sistema nacional de prevención de la violencia. El plan nacional que tiene
que funcionar y debe tener en el inm un ámbito de decisión. Nos ha costado
mucho, en esta administración, que se mandara gente representativa, que
pesara en su propia institución para hacer las coordinaciones necesarias.
Recién ahora se está logrando.


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