Resumen 10-11-05



EL PAÍS PÁG. 5

Vázquez enfrentó protesta por papeleras.

CONSEJO DE MINISTROS. "Hay dos formas de generación de empleo: sacar un 5 de
Oro, o que vengan inversiones", dijo el Presidente.

Hubo resistencia de militantes de izquierda.



Ante denuncias de daños por el monocultivo en la forestación, dijo que fue
herencia que recibió el gobierno.

Rodeado de pancartas en rechazo a las plantas de celulosa y el monocultivo
de eucalipto, el Presidente Tabaré Vázquez responsabilizó ayer en Villa
Soriano a las administraciones anteriores por la política forestal llevada
adelante por los gobiernos de los partidos tradicionales y se comprometió a
ejercer un férreo control para evitar la contaminación del medio ambiente de
las papeleras.


"Las plantas de celulosa no van a contaminar, quédense tranquilos", dijo al
final de la jornada.


Vázquez defendió a las inversiones privadas como único medio de generación
de empleo, e instó a los habitantes de Soriano a presentar ante el Ejecutivo
otras iniciativas que permitan el crecimiento de la economía y al mismo
tiempo produzcan fuentes laborales. "Hay dos formas de generación de empleo:
sacar un 5 de Oro millonario en euros, o que vengan inversiones", precisó en
la última sesión pública del Consejo de Ministros en el Interior, en la
localidad de Villa Soriano.

Frente a la constatación de que la instalación de las plantas de celulosa no
es solamente un diferendo con el gobierno argentino, sino que existen
resistencias dentro de los propios militantes de la izquierda y de diversas
organizaciones sociales y ambientalistas, el mandatario decidió ingresar
voluntariamente en el debate del tema.


La decisión se debió no sólo a la presencia de los opositores a la
instalación de las papeleras en el Consejo de Ministros que se desarrolló en
Villa Soriano, sino al despliegue de carteles que se extendieron a lo largo
de la ruta de acceso a la localidad.


Los manifestantes Víctor Cordona, Jorge Iannandrea, Ricardo Suárez y
Washington Lockhart de la coordinadora contra el monocultivo y las plantas
de celulosa, dijeron a El País que "el gobierno ignora a los uruguayos, a la
gente que está en contra de las plantas".


Indicaron que desde agosto aguardan una respuesta del Ministro de Vivienda,
Mariano Arana, respecto a un estudio de impacto ambiental que le entregaron.
Subrayaron además que "la estrategia del gobierno es marcar que el problema
de las papeleras es con Argentina, sin tener en cuenta la opinión de los
uruguayos". Entre las denuncias, la coordinadora señala las dificultades que
se produjeron en la zona por la plantación de los eucaliptos, y la forma en
que ese monocultivo produce el cese del agua en los terrenos. También
remarcaron que recientemente arribaron al departamento ingenieros
procedentes de Chile, quienes expusieron las consecuencias que las papeleras
causaron en Valdivia. "El gobierno quiere dialogar con la gente, responder
preguntas, porque esto hace a la democracia", dijo Vázquez en respuesta a
las pancartas. Destacó que para que la democracia sea "plural" es necesario
el intercambio de "coincidencias y divergencias".


Ante la oposición manifiesta contra las papeleras, resaltó que Uruguay es
"un país libre y democrático" y que sus habitantes pueden exponer sus
discrepancias.

Por su parte, el Ministro de Ganadería, José Mujica reconoció públicamente
que el monocultivo forestal produjo daños a los pequeños productores. "Hay
gente afectada y asumo que tenemos una deuda", precisó. Añadió que su
cartera actualmente realiza una reclasificación de suelos, con el objetivo
de "conciliar la vaca con los árboles en convivencia y no en monocultivo".

HERENCIA. Vázquez arribó ayer en helicóptero a la antigua localidad para
presidir el Consejo de Ministros que se desarrolló en la plaza Artigas.
Aunque la idea del gobierno era sanear con anterioridad el tema de las
papeleras, a través de contactos de los Ministros con las organizaciones, el
despliegue realizado por los oponentes en la pequeña localidad obligó al
debate público.


Empero, la exposición de Lockhart, un pequeño tambero que padece el secado
de bañados y pozos de agua de su campo, avivó el fuego.


"Pedimos soluciones al gobierno. Si se extiende el monocultivo las familias
se van del campo. Si el Estado no mide consecuencias de este desastre, se
tendrá que hacer responsable", indicó.


El productor dijo que compartía la opinión del Presidente respecto de que
"las casas deben fortalecerse desde los cimientos", pero agregó que "más
allá del aumento del producto, se debe repartir la tierra, porque este
modelo es africanizante. Este es un alerta rojo, acá se está concentrando la
tierra en manos de pocos", subrayó.

En contestación, Vázquez dijo que el gobierno "heredó esta situación. No la
creamos nosotros. Ahora vamos a ver como la arreglamos".





EL OBSERVADOR PÁG. 8

Berrutti al Senado por ascensos militares.

LA CITARON LOS BLANCOS.



La Ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, comparecerá ante la
Comisión de Defensa del Senado a instancias del Partido Nacional para
explicar el proyecto de ley del gobierno por el que se modifica la política
de ascensos de Oficiales Generales del Ejército.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado por Diputados, establece que todas
las vacantes en el grado de general serán provistas por el sistema de
"selección".


El proyecto amplía las potestades del gobierno de elegir entre la lista de
coroneles aptos para ascender a General.

En filas de la oposición existe desconfianza acerca de que con esta
iniciativa, el gobierno frenteamplista busque ascender a militares que le
son afines pero que están muy abajo en el actual orden de preferencias.


El Senador nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo) dijo que los blancos
pretenden saber "qué es lo que motivó al gobierno a enviar este proyecto al
Parlamento".





LA REPUBLICA PÁG. 4

Berrutti, a Comisión por proyecto de ascenso a General en el Ejército.



LA COMISIÓN de Defensa Nacional del Senado se reunirá hoy a la hora 17.00 a
los efectos de recibir a la Ministra de Defensa Nacional, Doctora Azucena
Berrutti, con el fin de tratar los proyectos de ascensos al grado de General
del Ejército Nacional, y la modificación de los derechos jubilatorios del
personal militar destituido, en situación de reforma o similares por razones
políticas o ideológicas, y la reparación y reconstrucción de carrera. Por
otra parte, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se reunirá a
la hora 9.00 con el fin de recibir al Ministerio de Industria, Energía y
Minería encabezado por Jorge Lepra. Por la tarde, a la hora 15.00, comenzará
la votación en comisión del proyecto de Presupuesto Nacional para el período
de gobierno 2005-2009.





LA REPUBLICA PÁG. 32

Nos temblará el pelerío.

Se viene un gran debate nacional.



ELEUTERIO FERNANDEZ

HUIDOBRO

E1 Senado de la República comienza la etapa final de la aprobación del
Presupuesto. Desde hace ya unos cuantos días se comenta tanto adentro como
afuera del Palacio Legislativo (en el vecindario) que nunca se vio una
discusión de Presupuesto tan quieta.
Las tapas de los diarios, los boliches y los frankfruteros han perdido un
platal.
Un conspicuo y voluminoso Senador del Partido Nacional reclamaba hace unas
horas en el seno mismo de la Comisión, y se quejaba, por la falta de
movilizaciones "izquierdistas" en la zona (a las que esta vez esperaba
recibir repartiendo autógrafos).


Adjudican ese "vacío" a que los sindicatos son del Frente Amplio y por eso
no vienen.


En nuestra columna anterior destacábamos que el Debate Nacional sobre
Defensa, previsto por el Ministerio para marzo del año que viene, ha
comenzado de hecho debido a las decisiones tomadas por el Comandante en Jefe
del Ejército y a las Conclusiones de un reciente Seminario (octubre)
realizado por el Calen. Nos volará el pelerío en esa discusión.
Ya voló y sigue volando cuando desde el Ministerio de Trabajo, el gobierno
lanzara los Consejos de Salarios (incluso para los peones rurales y las
trabajadoras domésticas por primera vez en la historia), el Decreto por el
que se prohíbe la intervención del Ministerio del Interior en las
ocupaciones"- y - la Ley de Fuero Sindical que hasta estas horas nos ocupa.

También voló cuando hubo que aprobar la fundación del Ministerio de
Desarrollo, y varias otras leyes concomitantes, para poner en marcha y
plasmar el Plan de Emergencia que desencadenó piquetes de protesta tanto en
las calles como en el Sindicato Médico.

Pero resulta que en estas horas, luego de haberse aprobado la reforma de la
DGI, se presenta el borrador de la ley que reforma todo el. sistema
tributario. Borrador que como
proyecto de ley entrará en el Parlamento en el mes de marzo de 2006. Y ya se
armó el "lío". Por mi parte, casi sin leer y de entrada, digo que no veo que
en él se tenga en cuenta la cantidad de hijos a cargo de cada contribuyente.

Esto lo arriesgo porque Uruguay tiene un grave problema demográfico.
Ya dijimos y reiteramos en varias columnas que el mundo navega muy mal por
entre cuatro pavorosas crisis: la de la energía, la del agua potable de
buena calidad, la de los alimentos y la de la explosión demográfica.

Ante un mundo y una región en pujante expansión poblacional, migraciones en
masa, hambrunas, guerras por el agua, la energía y los alimentos, Uruguay
muestra una grave realidad demográfica que en unos quince años, si todo
sigue como está, llegará a su cénit negativo comenzando a despoblar en
cifras absolutas nuestro territorio:

envejecimiento de la población, baja tasa de natalidad, emigración de
jóvenes y adultos en la edad más productiva, reproducción a cargo de los
sectores más empobrecidos, son algunos de los componentes de esa crisis
estratégica que debemos afrontar cuanto antes. César Aguiar, Juan José
Calvo, Adela Pellegrino, por citar algunos de los más reconocidos
especialistas en la materia, han aportado ya los datos alarmantes de esta
situación.. La indiferencia ha sido hasta ahora la respuesta general. Sin
embargo Uruguay necesita urgentemente una estrategia poblacional global que
intente - por lo menos eso - detener el suicida proceso en marcha.

A cuenta de mayor cantidad va entonces mi primera observación sobre el
borrador del Impuesto a la Renta publicado.

Podríamos decir que el debate sobre política internacional también está en
marcha luego de la Cumbre recién realizada en Mar del Plata (acerca de la
que se ha dado, tal vez con mala intención, mucha más información sobre los
disturbios que sobre lo allí tratado). Tabaré Vázquez cumplió un rol
protagonice: como Presidente (pro témpore) del Mercosur encabezó la
resistencia del Mercosur y Venezuela a la tendencia encabezada por los
Estados Unidos y secundada por otros países que pugnaba por avanzar
rápidamente en el sentido del ALCA.

Al mismo tiempo firmó con los Estados Unidos el Tratado de Protección de las
Inversiones que por su iniciativa fue cambiado y, según dicen los analistas,
fue el Presidente que menos tiempo estuvo en Mar del Plata a causa - dicen -
de los problemas con Kirchner referidos a las plantas de celulosa.


Este capítulo dará mucho que hablar.

En especial las graves novedades que en materia de Mercosur vienen
imponiendo en estos meses, bi-lateralmente, Argentina y Brasil. Sin olvidar
que Chile, luego de nueve meses de negociación, firmará en estos días un
acuerdo de libre comercio nada menos que con China...
Viene a la memoria la grosera sutileza de Pinochet: jamás rompió relaciones
con los comunistas chinos de China. Y la sutileza también grosera de esos
chinos: fue la única Embajada en Chile que en horas en las que se jugaba la
vida de miles de personas (11 de setiembre de 1973 y semanas sucesivas) les
negó el asilo a todos en especial a los que ingenuamente creyeron que por
ser de izquierda esa puerta los iba a recibir.
Por si todo esto fuera poco, en unos meses estaremos discutiendo el Sistema
Nacional de Salud que, según han dicho públicamente algunos, "será una
batalla campal".

Y las reformas a aplicarse en el Ministerio de Defensa como fruto del Debate
Nacional sobre ese tema, la de varias Cajas (entre ellas la Bancaria), la de
la Aduana, las referidas al ordenamiento escalafonario y de remuneraciones
en el Estado, la del Sistema Judicial que merece paréntesis por algunos
acontecimientos actuales:


En primer lugar constatai que luego de la increíble decisión del Fiscal
Moller, si como pedían algunos, las investigaciones se hubieran sacado de la
órbita del Poder Ejecutivo para depositarlas en la del Sistema Judicial, las
excavaciones en curso deberían ahora detenerse. Es bueno hacerse, de vez en
cuantío, alguna autocrítica.
En segundo lugar, suena descabellado procesar por sedición a quienes, en el
supuesto (que se deberá probar) de que hubieran participado en los
desórdenes de la Ciudad Vieja, hicieron algún daño. Francamente suena tan
exagerado, que uno tiene derecho a pensar en una manufactura de "víctimas".


Es mucho más grave y desordenado lo que perpetra el Juez que lo que pudieron
haber hecho los imputados. Ahora uno no sabe a quién condenar. Como peligro
para la sociedad en su conjunto, el Juez gana por lejos. Lo dice un
sedicioso reconocido y laureado que no puede admitir que ahora, casi sin
trabajo, cualquiera pueda ser sedicioso. ¡Toda una vida de sacrificio para
que venga un Juez y empiece a regalar ese diploma!
Para que no duelan prendas, agregamos que desde hace doce años se viene
incoando el que tal vez sea el presumario más largo de la historia (en eso
Uruguay, junto con los goles sobre la hora de Forlán, tendría destaque
internacional) .

Nos referimos al del eternamente no aclarado "caso Berríos", que trae el
agregado de un .pedido de extradición chileno (contra Oficiales en actividad
del Ejército uruguayo), tan plagado de anomalías que resulta un atentado al
pudor de la soberanía. Pero como son milicos...

En suma: nos volará el pelerío; se viene un tiempo en el que los columnistas
semanales no tendremos espacio para abordar uno a uno los asuntos que irán
entrando al debate nacional. Senador de la República





BÚSQUEDA PÁG. 45

El caso del Viarsa I.



Señor Director:

En agosto del 2003, un buque pesquero de bandera uruguaya, con permiso de
pesca nacional para la captura de la especie conocida como merluza negra,
era avistado, perseguido y detenido luego de una travesía que duró unos 10
días, y en él participaron un buque de Guardia de Aduanas y Pesquerías de
Australia, posteriormente apoyado por un remolcador de bandera de San
Vicente, tripulado con personal de Sudáfrica y una patrullera que había
partido de las islas Malvinas.

Conducido a puerto de Australia, fue sometido a juicio por pesca ilegal en
aguas de jurisdicción australiana.
El caso tuvo gran difusión de prensa, llegando incluso a tener diferentes
instancias de carácter parlamentario.

El diario "La República", bajo firma del periodista Roger Rodríguez, dio
amplia difusión y comentarios, siempre negativos que derivaron incluso a la
descalificación, acusaciones que llegaron a ocupar hasta titulares de tapa
del mencionado rotativo, que en lo personal tomé decisión de no considerar
por el nivel desde donde se realizaban, pero que ante el juicio final ahora
conocido, es oportuno resaltar para hacer saber qué actitud y principios
tienen unos y otros, los que actúan con sagrada honestidad y aquellos que
usan y abusan de los medios de comunicación con finalidades espurias,
utilizando cualquier forma y sistema, incluyendo facsímiles trucados de
documentos inexistentes, en su insana actitud de agraviar, descalificar y
desacreditar a quienes proceden como hombres libres y de buenas costumbres,
muy diferentes a los valores que a ellos adornan.

Se recogía entonces cartas de organismos no gubernamentales vinculados con
las actividades de pesca de la especie en cuestión, en las cuales se
descalificaba la participación y principios sostenidos por las autoridades
nacionales vinculadas con la actividad pesquera del país.

Se llegó a calificar la actividad de pesca de merluza negra por parte de
buques de bandera uruguaya, como una actividad pirata, que enlodaba y
desacreditaba nuestra presencia en los diferentes ámbitos internacionales.
Se calificó a esta pesca como la captura de una especie prohibida, y una
pesquería ilegal, mezclando convenios internacionales determinados para
áreas establecidas, con la pesca de la alta mar. Es decir, un embrollo de
inexactitudes y desconocimientos abundantes.

¿Cuál era entonces lo que se sostenía de parte nuestra?


Que la pesca en alta mar, cualquiera fuera la especie, es un derecho
consagrado en la Convención del Mar, por igual, para todas las naciones.
Que el punto de avistamiento de la nave de bandera uruguaya, era en aguas de
la alta mar, y que por lo tanto no se justificaba ni la detención, ni-la
persecución, que de acuerdo a la Convención del Mar debe ser iniciada dentro
del mar territorial de un Estado, o consecuentemente, también dentro de una
zona económica exclusiva.

Que esto no sucedía, pues el punto de encuentro no se hallaba dentro de
áreas de jurisdicción de Estado alguno, pues la presencia de islas o rocas
que no tienen condiciones de habitabilidad humana, de acuerdo a la
Convención (Art. 121), no generan ninguna de estas figuras de jurisdicción
que corresponda a un Estado.
Que tampoco se conoce el depósito de cartas de áreas jurisdiccionales, como
indica que debe hacerse en ONU, la Convención del Mar, en el caso
correspondiente.


Que el buque Viarza I había sí, cometido irregularidades respecto a la
legislación uruguaya, y que por tanto había sido notificado que debía
regresar de inmediato a puerto nacional, sin tener contacto de ningún tipo
con otras embarcaciones, ni alterar la carga que tenía a bordo, reportar su
posición cada no más de 8 horas, permitir el acceso del observador de Diñara
en el puente, y navegar en condición de sometido a las autoridades
nacionales, lo que el capitán del pesquero había comunicado su acatamiento.

Se comunicó en forma oficial a las embajadas de los países intervinientes en
la persecución de dicha medida de sometimiento y acatamiento dada al
pesquero.

Se gestionó, luego de la detención del pesquero, que el observador de Diñara
fuera inmediatamente desembarcado, entregándosele la documentación y equipo,
que eran de propiedad del Estado uruguayo. El observador fue desembarcado en
Sudáfrica, pero se le retuvieron sus documentos y su equipo personal,
incluidos manuales de Diñara acerca de las actividades que deben
desarrollar, así como planillas técnicas que deben ser completadas con las
observaciones durante la operación de captura del buque pesquero a que están
asignados.

En lo personal sostuve y sostengo, que de acuerdo a la Convención del Mar,
la detención fue realizada en forma irregular, al haber estado el punto de
contacto de las embarcaciones en alta mar, lo que no daba derecho a la
detención, persecución, y mucho menos al sometimiento a juicio en tribunal y
leyes de otro Estado que no fuera el de la bandera del buque.


Luego de algo más de dos años, una Justicia que actúo fuera de derecho, pero
con envidiable sinceridad, absuelve de cargos a la embarcación uruguaya.
Nuestra Cancillería da cuenta en estos momentos del final del juicio y su
complacencia porque se decreta la inocencia y a su vez la libertad de los
Oficiales del buque, incluido su Capitán.
En realidad, lo que debería hacerse es tomar una actitud de protesta y
rechazo por la detención de un buque de bandera nacional operando en alta
mar, la retención contraria a lo previsto en la Convención del Mar de parte
de su personal, y el sometimiento a tribunal con aplicación de legislación
del Estado, actitud contraria a las disposiciones internacionales, sobre la
jurisdicción de la bandera de un buque de un Estado, en la alta mar.

En lo nacional podemos cuestionar la osadía temeraria, la desinformación, el
desconocimiento y la actitud anti ética de periodistas y medios de prensa,
cuyas falsas acusaciones, sus descalificaciones, formaran parte del sayo que
indudablemente sabrán colocar en sus espaldas, y mostrar la falsedad de sus
comentarios y afirmaciones, así como su apoyo incondicional a
organizaciones, que bueno es que lo sepan, son competidoras de mercados y no
santos reivindicadores de pesca legal.


No estará en la capacidad de comprensión de estos irresponsables
informadores, el daño que se hizo al país con las calificaciones de piratas
de la pesca, poniendo en tela de juicio el real derecho a participar en toda
pesquería de la alta mar, necesidad imprescindible para nuestro país en
cuanto a oportunidad de inversiones y fuentes de trabajo.

Tampoco se obtendrá la posibilidad de desarrollo de estas pesquerías, si no
se logra una efectiva participación en los organismos internacionales de
pesca, donde por fracasadas e inapropiadas participaciones, Uruguay llegó a
perder muy importantes derechos de captura, entre ellas más de 500 toneladas
respecto al atún y pez espada, por participar inadecuadamente al designar
sus delegaciones, con personal no apto o capacitado para dichos eventos.

La descentralización de la política pesquera en diversos ministerios y otras
entidades, sólo redunda en descoordinación y falta de efectividad en las
gestiones, cuando ello debería estar centralizado en un único organismo
capaz de cumplir con una única directiva emanada del Poder Ejecutivo.

Debe considerarse que la pesca ocupa uno de los primeros lugares en la
participación de la economía nacional, llegando a recaudar 102 millones de
dórales sobre fines del año 2000 y llegando a 141 millones en el 2004.

La pesca, representa el lugar de ocupación de mano de obra directa e
indirectamente, de no menos de unos 6.000 o más trabajadores.

Es de saberse, que este tribunal de 12 jurados que por unanimidad dictó el
fallo de inocencia, ha sido precedido por otro que había llegado a su
totalidad menos una o dos abstenciones, lo que motivó el reinicio del juicio
con cambio de participantes, tanto en el jurado, como en las autoridades del
mismo, Fiscal y Juez, prolongando la definición del fallo por unos 6 meses
más.
Este caso no termina seguramente acá.
El trámite sumarial iniciado sobre el buque en nuestro medio, deberá
completar su proceso, y las responsabilidades de las autoridades que
llevaron a cabo una detención injustificada, con decomiso de carga,
retención de la embarcación y parte de su personal, y otros daños y
perjuicios que evidentemente pueden ser deducidos, seguramente dará lugar a
más instancias, sobre un caso que es digno de análisis y estudios para
obtener consecuencias de varios aspectos del mismo.

Yamandú Flangini





ULTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

Ocupan pesquero por reivindicación labora.

DOS EX TRABAJADORES DE UNA EMPRESA QUE OPERA EN LA PALOMA.



Dos ex trabajadores de una empresa pesquera, que reclamaron ante la Justicia
haberes impagos tras la disolución del vínculo laboral, decidieron ocupar
uno de los ocho buques de la compañía en el puerto de La Paloma.


LA MAGISTRADA que actuó en el caso hizo lugar al planteo de los trabajadores
y dispuso un embargo de todos los buques, aunque sin inhibición de salida.
La decisión fue apelada por la firma.


La empresa, Ulfimar S.A., informó que, el 21 de octubre, tres
"intrusos" -que se identificaron como integrantes del Sindicato Unido de
Trabajadores del Mar y Afines (Suntma)- abordaron dos de los barcos de su
flota de pesqueros ubicados en el puerto de ese balneario rochense. De
inmediato, uno de los ocupantes desistió de la medida, por lo que los otros
dos pasaron a ocupar un sólo buque.


Según la compañía, los dos ocupantes habían cesado su vínculo contractual en
diciembre de 2004, tras lo cual recibieron el "pago correspondiente".


La versión de Ulfimar señaló que luego de recibir el pago, los
trabajadores -junto a otros dos compañeros reclamaron en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social el pago de una diferencia salarial, licencia,
salario vacacional, y aguinaldo, más daños y perjuicios.


En uno de los casos, los montos reclamados fueron de $ 37.255 y U$S 1.564,
más daños y perjuicios, estimados en un 50% de las cantidades adeudadas.


Al presentar la demanda, informó la empresa, los ex operarios pidieron como
medida cautelar trabar embargo sobre los barcos de dicha compañía.


El segundo capítulo de la historia comenzó a escribirse el 17 de marzo de
este año, cuando la Jueza que actuó en el caso accedió al pedido de los
trabajadores y trabó embargo a los barcos, tras lo cual ordenó notificar a
la empresa.


INTERPONE RECURSOS Ulfimar informó que interpuso recursos contra la medida,
por entender que era "contraria a derecho" y que, antes, se realizaron
sucesivas audiencias de conciliación con la parte demandante.


La empresa dijo que si bien el pedido de embargo comprendió a los barcos de
su propiedad, también se había planteado la inhibición de salida, pero ello
no se concretó como "medida preventiva" mientras se sustancia el proceso
judicial. Según la parte demandada, la decisión judicial no implicó "que se
les diera la razón a los reclamantes".


Asimismo, la empresa informó que, como los buques ocupaban una parte
"importante" del muelle comercial del puerto, la Dirección Nacional de
Hidrografía envió una intimación y aplicó "una multa" por no abandonarlo.
EX EMPLEADOS Del 17 al 20 de octubre, Ulfimar decidió trasladar cuatro de
los barcos que estaban amarrados en la base naval al puerto de Carmelo. El
28 de octubre, los otros cuatro barcos fueron llevados del muelle comercial
a la Base Naval.


Por otra parte, la compañía pesquera señaló que las personas que ocuparon
sus barcos "no son empleados" de la empresa. "Fueron empleados en tiempos
pasados, habiendo cumplido y finalizado un contrato firmado entre las dos
partes hace mucho tiempo". Ulfimar dijo que dichos operarios "no se
encontraban ni se encuentran a la orden", ya que la firma detuvo sus
actividades de pesca. "Lo más llamativo - agregó - es que luego de trabajar
para nuestra empresa, se embarcaron en buques de otras empresas pesqueras".


La empresa también calificó como una "mentira" la afirmación de que la
medida se tomó para "evitar el desmantelamiento de los barcos.





BÚSQUEDA PÁG. 3

Las excavaciones completaron el área donde se creía que estaba la tumba de
García de Gelman; los técnicos no encontraron nada.



escribe Iván Kirichenko


Luego de tres meses de búsqueda de los restos óseos de María Claudia García
de Gelman en un predio militar, los técnicos de la Facultad de Humanidades
dieron por concluidas esta semana las excavaciones en el área donde se creía
que estaba su sepultura sin haber encontrado nada, informaron a Búsqueda
fuentes vinculadas a la investigación oficial.

Durante los tres meses que transcurrieron desde el martes 9 de agosto,
cuando comenzaron las excavaciones en esa zona específica, el área
originalmente delimitada como presunto lugar de enterramiento de García de
Gelman fue ampliada tres veces.

Esta semana, los técnicos agotaron esa zona, donde no encontraron restos
óseos ni pruebas de remoción de tierra, lo que al menos probaría la
existencia del "operativo zanahoria" (exhumación de los restos óseos de
desaparecidos durante la dictadura)..

Mientras, las excavaciones continúan en otros lugares del campo de maniobras
que el Ejército tiene en Toledo, frente al Batallón de Infantería N° 14, que
fueron señalados por la fuerza de tierra como sitios de supuestas sepulturas
de otros desaparecidos. De todas formas, los resultados allí, al menos hasta
ayer miércoles 9, también han sido negativos.

En el Batallón de Infantería N° 13, donde las excavaciones se originaron a
partir de datos de organizaciones de derechos humanos, tampoco se han
encontrado restos óseos ni indicios de remoción de tierra, al igual que en
la chacra cercana a Pando, en la cual la Fuerza Aérea indicó que fueron
enterrados dos desaparecidos durante la dictadura militar.

En esa última, parece ser donde las excavaciones culminarán antes. Salvo que
ocurran abundantes lluvias o alguna situación excepcional, las tareas allí
finalizarán en pocos días, sostuvieron las fuentes que consultó Búsqueda.
Durante las excavaciones, los técnicos analizan todo dato que pudiera
indicar eventuales remociones de tierra, e incluso en la actualidad estudian
algunas particularidades de los terrenos, pero hasta el momento no existen
conclusiones y las evaluaciones se encuentran en fases preliminares.

Lo cierto es que la falta de hallazgos hasta el momento ha generado
desconcierto en todos los sectores involucrados con los aspectos operativos
de la búsqueda de sepulturas de desaparecidos:

gobierno, Fuerzas Armadas y técnicos.
Cuando se inició la búsqueda en el campo de maniobras lindero al Batallón N°
14 y en la chacra cercana a Pando, tanto el gobierno de Tabaré Vázquez como
el Ejército se mostraron convencidos de que iban a encontrar pruebas de los
enterramientos de desaparecidos, y en particular la tumba clandestina de

García de Gelman.

Tanto, que el martes 2 de agosto, una semana antes del inicio de las
excavaciones, su hija Macarena Gelman visitó el área junto al secretario de
la Presidencia, Gonzalo Fernández, y al Comandante en Jefe del Ejército,
Teniente General Ángel Bertolotti (Búsqueda N° 1.315).

El lunes 8 de ese mes, el día antes del inicio de las excavaciones, el
propio Presidente Vázquez dijo públicamente, luego de recibir información
por parte de Bertolotti: "Por parte del Ejército se ha llevado adelante la
investigación que casi seguramente en más de un 99% nos da seguridad de
dónde estarían los restos de la señora María Claudia García de Gelman". En
varias oportunidades,
el Presidente ha expresado públicamente su confianza en la buena fe de los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas para recabar los datos que
propiciaron las excavaciones.
Los técnicos estiman que falta todavía aproximadamente un mes para culminar
los trabajos en los tres lugares de excavación.





BÚSQUEDA PÁG. 4

La palabra "sedición" vuelve a la vida en Uruguay, 33 años después de la
derrota tupamara.



escribe Raúl Ronzoni


"Sediciosos", un vocablo que los gobernantes civiles y militares solían
emplear en los años previos al golpe de Estado de 1973 y durante la
dictadura militar para identificar, primero, a los guerrilleros tupamaros y,
luego, a toda oposición que emergiera contra el régimen de tacto, volvió a
cobrar vida esta semana a poco más de nueve meses de la instalación del
primer gobierno izquierdista del Frente Amplio, para sorpresa de los
uruguayos, particularmente de aquellos que en octubre del 2004 votaron a
Tabaré Vázquez para llevarlo a la Presidencia de la República.


El domingo 6, luego de una protesta violenta protagonizada el viernes 4 por
algunas decenas de militantes radicales, un Juez penal procesó por el delito
de "sedición" a cuatro de los manifestantes, quienes ya son considerados
"presos políticos" por parte de sus compañeros y de organizaciones de raíz
anarquista.

Ese delito, que no registra antecedentes recientes en la jurisprudencia
local, sanciona con dos a seis años de penitenciaría a quienes, "sin
desconocer al gobierno constituido, se alzan, pública y tumultuariamente"
para alcanzar determinados objetivos mediante "fuerza o violencia".

El artículo 143 del Código Penal enumera seis acciones por las cuales se
puede incurrir en ese delito. Entre esos numerales, el Juez Juan Carlos
Fernández Lecchini citó el tercero y el quinto en el fallo en el que dictó
los procesamientos de Ignacio Corrales, Fiorella Josendez y Lilián Bogado
por "sedición", "atentado" y "lesiones personales" y de Claudio Piñeiro por
"sedición".

El numeral tres dice que comete "sedición" quien obste a que "las
autoridades ejerzan libremente sus funciones o hagan cumplir sus
providencias administrativas o judiciales".
El numeral quinto establece que incurre en ese delito quien ejerza "con un
objeto político o social algún acto de odio o de venganza contra los
particulares o cualquier clase del Estado, o contra sus bienes".


Desde el Código Penal de 1889 hasta el 10 de julio de 1972, la "sedición" se
castigaba con una pena de tres a cuatro años de destierro. Pero el
recrudecimiento de las actividades guerrilleras ese año, particularmente las
protagonizadas por los tupamaros con varias "ejecuciones" de funcionarios
civiles y militares, precedidas el año anterior por una masiva fuga de la
cárcel de Punta Carretas, generaron un fuerte respaldo al gobierno del
Presidente Juan María Bordaberry (entonces mandatario democrático que había
sido electo en 1971), que derivó en la aprobación por el Parlamento de la
época de la ley N° 14.068 de Seguridad del Estado y el Orden Interno.
A partir de ese momento, todos los detenidos por acciones guerrilleras
pasaron a disposición de la Justicia militar. La norma le dio además
intervención a los militares en el control de los centros de reclusión, creó
restricciones para la prensa, aumentó la estructura de los juzgados
militares y modificó las penas de varios delitos.

Una de esas modificaciones fue la del delito de "sedición", una tipificación
que nunca se aplicó porque castigaba a quienes se alzaran "pública y
tumultuariamente", pero "sin desconocer al gobierno constituido", lo que a
criterio de la Justicia militar no ocurría porque los guerrilleros
cuestionaban, precisamente, la legitimidad del gobierno, comentaron a
Búsqueda fuentes jurídicas.

En la época, añadieron, se aplicaba fundamentalmente el delito de "atentado
contra la Constitución" porque era más severo y se adecuaba mejor al
accionar de los grupos guerrilleros, que de todos fueron regularmente
calificados como "sediciosos" tanto por el gobierno de Jorge Pacheco Areco
(1968-1972), como por el de Bordaberry (1972-1976) y por los militares que
dirigieron la dictadura que se instaló en Uruguay en junio de 1973. La
sanción por "atentado contra la Constitución" suponía de 10 a 30 años de
prisión y estableció de dos a diez años de inhabilitación absoluta.

Algo parecido sucedía con el delito de "asociaciones subversivas", que
castiga con seis a 18 años de penitenciaría a los que se nucleen para
cambiar por actos directos la Constitución o la forma de gobierno.


Fue así como los guerrilleros, muchos de los cuales ocupan hoy altos cargos
en el gobierno del Presidente Vázquez, pasaron varios años en prisión, en el
marco de un régimen riguroso.

En suma, añadieron las fuentes, el vocablo "sediciosos" se utilizaba más por
economía de lenguaje y por el impacto que causaba que por su contenido
penal.

Sin embargo, la comparación de la represión policial del período previo a la
dictadura con lo ocurrido la semana pasada no se hizo esperar. El domingo 6,
el mismo día en que se produjeron los procesamientos, el diario "La
Juventud" publicó en la primera página dos fotografías bajo el título "¿Qué
ha cambiado?". Sobre la izquierda, una toma registrada en 1964 muestra a un
funcionario policial apuntando con un revolver en su mano derecha. La
fotografía de la derecha exhibe a otro policía, el viernes 4, con una
pistola en su mano derecha y un militante en el suelo, sostenido por su mano
izquierda.

El editorial del diario, titulado "Ahora el palo en la rueda", dijo que "no
es posible analizar lo ocurrido el viernes de otra manera, es el camino
elegido por el progresismo pragmático, que va en línea contraria a lo
prometido y a las necesidades del pueblo".

Incursión violenta. En su fallo, el Juez Fernández Lecchini señaló que los
activistas que asolaron el viernes 4 la Ciudad Vieja se habían reunido para
"preparar una incursión violenta". Para ello "cubrían sus rostros con
pañuelos a la usanza de los asaltantes de caminos de otros siglos o de los
extremistas actuales en diversas partes del planeta", dijo el magistrado.
Para señalar responsabilidades, tomó como referencia el testimonio de los
funcionarios policiales actuantes y videos de Canal 12 y de la seguridad del
Bank Boston.

Durante los interrogatorios a los detenidos, el Juez insistió en conocer la
ideología de los activistas así como cuál es su posición con respecto al
capitalismo y al imperialismo.

"¿Usted profesa un ideal anticapitalista? Nombre alguna organización o
partido político capitalista o imperialista", le preguntó a Piñeiro. "El
Frente Amplio", respondió.

Los argumentos que el Juez desarrolló con respecto a Bogado se extendieron,
en términos generales, al resto de los procesados.


"Participó en el levantamiento tumultuoso y público con medios típicos
violentos. Y ejerció actos de odio o de venganza con una motivación política
o contra particulares. Con objeto político o social ejerció actos de odio o
venganza contra los particulares o cualquier clase del Estado o contra sus
bienes. Participó en la manifestación violenta ejerciendo actos de violencia
contra los policías que intentaban detener o controlar el tumulto, arrojaba
piedras", dijo el Juez.
Añadió Fernández Lecchini que "el odio es a una clase del Estado.

Concordantemente con la convocatoria que habla con odio y violencia hacia un
país, un gobernante, una clase social, conforme con los carteles que llevaba
como bandera la columna y con las leyendas que pintaban en los edificios:
'muerte al capital, muerte al Estado, fuego al capital".

En el caso de Corrales, el Juez señaló que "la motivación anticapitalista y
despreciativa hacia la autoridad da un indicio de motivación para participar
en la columna dañina y es indicio de cargo".

Su decisión de aplicar el delito de "sedición" fue contraria a la opinión de
la Fiscal Elsa Machado, quien había solicitado los procesamientos, solamente
por el delito de "atentado" que se castiga con tres meses de prisión a tres
años de penitenciaría.

Un atentado se comete usando violencia o amenaza contra un funcionario
público, con alguno de los siguientes fines: impedirle al funcionario asumir
la función o tomar posesión del cargo, estorbarle en su libre ejercicio,
obtener su renuncia y la prepotencia, el odio o el menosprecio.
Debido a la discrepancia, la Fiscal se dispone a apelar el fallo de
Fernández Lecchini.
Igual postura adoptará Gustavo Salle, Abogado defensor de los procesados,
quien ayer miércoles pidió la libertad de los cuatro militantes luego de
cuestionar enérgicamente la decisión del Juez.

La Fiscal se expedirá en las próximas horas. El delito por el que la Fiscal
había solicitado el procesamiento es excarcelable, pero el de "sedición" es
inexcarcelable. Pese a ello, fuentes cercanas al caso no descartaron que la
Fiscal, en función de su posición inicial, decidiera acceder a conceder la
libertad pedida por Salle.







BÚSQUEDA PÁG. 6

Gobierno puso en la mira a un grupo de anarquistas, ex tupamaros y radicales
que se organizan con un "carácter revolucionario".

La confirmación para los Servicios de Inteligencia del posible "inicio" de
un potencial foco violentista fueron los incidentes del viernes 4 en la
Ciudad Vieja.



Habían pasado unos minutos de las 15 horas del viernes 4 cuando un joven,
vestido con un pantalón de jogging y un buzo raído, se mezcló entre los
cientos de ejecutivos que caminan a diario por la Ciudad Vieja y se acercó a
una cámara de filmación ubicada en un estacionamiento de la calle Rincón.

Cuidándose de que la cámara no lo registrara, sacó de una mochila que
llevaba a su espalda un spray con pintura y roció el lente para evitar que
pudiera seguir tomando imágenes.

A unos metros de distancia, otro joven realizó exactamente el mismo
procedimiento pero con la cámara de la sede central de un banco
internacional. No lograron tapar todas las cámaras de esa zona pero sí
varias, lo que fue motivo suficiente para que los Jefes de seguridad de los
distintos edificios del lugar se pusieran alerta. Algunos de ellos llegaron
incluso a cerrar sus cortinas cuando una hora más tarde vieron que un
centenar de manifestantes se acercaba con sus rostros tapados por pañuelos y
pasamontañas.


Otros optaron por esperar y, cuando quisieron tomar alguna medida, ya era
demasiado tarde. Los manifestantes arremetieron contra todo lo que se les
cruzó y rompieron ventanas de edificios públicos, de bancos, de pequeños
comercios, vidrios de autos, pintaron leyendas anarquistas en varias
fachadas y otras las ensuciaron lanzando bombas de alquitrán o de pintura.

Y nada fue librado al azar. Desde tapar la mayor cantidad de cámaras
posibles hasta cubrirse los rostros.

Todo estaba preparado para armar un revuelo de magnitud. Luego vino la
intervención policial, el procesamiento con prisión de cuatro de los
participantes en la marcha por el delito de "sedición" y las nuevas
manifestaciones para reclamar su liberación.
También llegaron las especulaciones sobre qué es lo que hay atrás de esos
hechos, que se suman a atentados ocurridos durante los últimos días contra
dos cajeros automáticos del Bank Boston y contra el edificio sede de la
Cancillería y de la Alianza Uruguay-Estados Unidos.

Ése es el principal asunto de preocupación para los aparatos de Inteligencia
militar y policial, que visualizan atrás de esos incidentes el posible
"inicio" de un movimiento violentista organizado en contra de las
instituciones vigentes, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

Los servicios de Inteligencia estatales trasmitieron al gobierno que tienen
desde hace un tiempo en la mira a varios de los grupos que organizaron la
marcha del viernes 4 por la Ciudad Vieja, relataron los informantes.

Uno de los puntos que les llamó la atención es que mantienen un código
secreto "rígido" y parecen haber sido "preparados" para decir que no saben
"nada" de sus organizaciones.

Los servicios de Inteligencia consideran a su vez que esos movimientos se
inscriben dentro de un "fenómeno internacional" de violencia en contra de
Estados Unidos y que varios de sus integrantes son responsables de
"escraches" que culminaron con incidentes.
Como consecuencia de esa situación, el gobierno está "trabajando" en el tema
y evaluando las posibilidades de crecimiento de esos grupos radicales, que
hasta el momento evalúa como minoritarios.

"Carácter revolucionario". Dentro de esos grupos, se encuentran ex
tupamaros, anarquistas, comunistas y trotskistas organizados en varios
movimientos, militantes radicales de organizaciones sociales y dirigentes de
gremios estudiantiles.

La que convocó a la marcha del viernes 4 en contra de la "Cumbre de las
Américas" en Mar del Plata fue la coordinación ALCArajo, una organización
internacional cuyos principales dirigentes se encuentran en Venezuela.

"¡ALCA, ALCA, ALCArajo!" fue lo que repitió varias veces el Presidente
venezolano Hugo Chávez al pronunciar un discurso en el Estadio de Mar del
Plata el mismo día de la marcha, ante los manifestantes que protestaron en
Argentina por la presencia del Presidente norteamericano, George Bush, en
ese país.

Algunos de los grupos radicales que se sumaron en Uruguay a la protesta
fueron la Plenaria Memoria y Justicia, la Coordinadora Artiguista de
Liberación 1971, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Frente
Revolucionario por una Alternativa Socialista, el Colectivo Militante, la
Refundación Comunista, la Coordinadora 8 de Octubre y el Centro Social "El
Galpón de Corrales".
Varios de ellos creen en la "democracia directa", promueven un "orden social
distinto" y cuestionan con igual dureza a los partidos tradicionales que al
Frente Amplio.

Uno de los ex tupamaros que participa de esas movilizaciones es Jorge
Zabalza, que se refirió al tema al participar el martes 1° en Madrid de una
charla sobre la situación actual de Uruguay.

"Nosotros apostamos a la creación de un movimiento social que pueda luchar
sin ataduras. Es en ese sentido que militantes de distintos orígenes,
vinculados a la lucha social, militantes de la tendencia sindical, del
cooperativismo, de las radios comunitarias y de organizaciones barriales,
estamos tratando de confluir en una referencia que tenga un carácter
revolucionario", afirmó.


"Ahí hay gente de raíces anarquistas, de raíces trotskistas y unos cuantos
tupamaros", relató Zabalza y precisó que todos ellos apuestan "por un
movimiento social" que tenga "un carácter independiente del Estado uruguayo
e independiente de las fuerzas políticas de gobierno".


"Muerte al capital". Los hechos que pusieron en evidencia la existencia de
esos grupos fueron los
incidentes ocurridos el viernes 4 en la Ciudad Vieja, pero varias de esas
organizaciones ya habían emprendido algunas acciones. En los últimos meses,
realizaron pintadas contra la Embajada de Italia, contra la Cancillería
uruguaya, contra la Alianza Uruguay-Estados Unidos, incendiaron dos cajeros
del Bank Boston y tuvieron incidentes con la Policía en varios "escraches".


El viernes 4, el centenar de manifestantes se concentró poco después de las
15 horas en la peatonal Sarandí, al costado de la Catedral de Montevideo, y
comenzó su marcha haciendo una primera parada en una sucursal del Nuevo
Banco Comercial, ubicada en Sarandí y Misiones. Allí, varios de ellos
realizaron pintadas con leyendas como "Muerte al capital", "anticapital",
"ladrones" y "fuera yankees".
La siguiente parada fue en Rincón y Misiones, donde está ubicada la sede de
la Bolsa de Valores de Montevideo y la Cámara de Comercio. Allí, pintaron
las mismas leyendas, tiraron bombas de pintura y rompieron los vidrios de
una caseta policial.
"No al puerto en el Cerro" y "fachos", fueron los graffitis que pintaron en
una dependencia de la Armada Nacional, ubicada a pocos metros de la Bolsa de
Valores. En este lugar también tiraron bombas de pinturas de color rojo y
negro y de alquitrán.
En la sede del Ministerio de Vivienda en la calle Zabala se registraron los
mayores destrozos. Al menos cuatro autos que estaban frente a esa Secretaría
de Estado sufrieron roturas de parabrisas. A su vez, varios vidrios de la
fachada del Ministerio fueron rotos.

En ese momento comenzó a actuar la Policía, que detuvo a varios
manifestantes que ya estaban siendo golpeados por civiles de la zona.

"Nos sacamos la adrenalina de un año", comentó un policía que participó en
el operativo a Búsqueda.
Los detenidos fueron conducidos a la Seccional 1a. A pocos metros del lugar,
tres jóvenes vestidos de negro y con símbolos anarquistas se sentaron a
observar lo que pasaba frente a la comisaría.

Varios policías fueron hasta donde estaban esos jóvenes y les revisaron los
bolsos. En ellos había pelucas, fotocopias del libro "Los anarquistas
expropiadores" de Osvaldo Bayer y un lata de spray. "No la usé", le dijo uno
de los jóvenes al policía mientras le mostraba que tenía las manos limpias.
Esos tres jóvenes fueron esposados y detenidos en el momento y se sumaron a
los doce manifestantes que ya estaban detenidos en la seccional.

A las seis y media de la tarde, una delegación de la organización Plenaria
Memoria y Justicia, encabezada por Gustavo López e Irma Leites, llegó a la
comisaría para informarse sobre la situación.


Los detenidos fueron derivados después a la Justicia Penal y cuatro de
ellos, Fiorella Josendes, Lilián Bogado, Ignacio Corrales y Claudio Piñeiro,
fueron procesados con prisión por el delito de "sedición".

El lunes 7, un centenar de personas se congregaron primero en la Cárcel de
Mujeres y después en la Cárcel Central, los dos lugares donde están presos
los cuatro procesados.

Los manifestantes criticaron al gobierno de Tabaré Vázquez. "Que los vengan
a ver, que los vengan a ver, a los presos políticos del gobierno de Tabaré";
"represión fascista, gobierno progresista", fueron los principales cánticos
que el grupo entonó para realizar un "aguante" a los "compañeros presos
políticos".

"Izquierda clasista". Los cuatro manifestantes procesados pertenecen a
organizaciones que se encuentran fuera del Frente Amplio y que desde hace
unos meses protagonizan actos en contra del actual gobierno y de su vínculo
con Estados Unidos y que reivindican la "unidad de la izquierda clasista,
antioligárquica y antiimperialista".
El movimiento 26 de Marzo fue el único grupo que pertenece al Frente Amplio
y que apoyó las movilizaciones de la Ciudad Vieja y que cuestionó con dureza
la actuación del gobierno. "Presos políticos en el gobierno progresista",
fue el título principal el martes 8 del diario "La Juventud", perteneciente
a ese grupo político.


El 26 de Marzo también utilizó su radio, CX36 Centenario, para difundir las
proclamas de los grupos radicales que promovieron la protesta y para
reclamar la liberación de los cuatro presos.

A su vez, los grupos radicales que convocaron a la marcha emitieron luego
comunicados cuestionado la "represión" del gobierno y destacando que
seguirán adelante con su "lucha".



Uno de ellos, la Coordinadora Artiguista de Liberación 1971, difundió por
Internet un comunicado el jueves 3, un día antes de la movilización, en el
que se refirió a la coordinación entre los que defienden la "izquierda
clasista y antioligárquica".
"La alternativa es clara: a las necesidades del imperio, de la oligarquía y
la burguesía criollas, debemos enfrentarlas con un proyecto articulado de
cambios profundos. Esta posibilidad, de carácter embrionario y germinal,
está expresada en la coordinación que se empieza a desarrollar", señaló el
comunicado.


A su vez, el movimiento Fogoneros emitió un comunicado el lunes 9 en el que
llamó a "redoblar la lucha contra el imperialismo y su expresión en
políticas cipayas y entreguistas como el tratado de protección de
inversiones".


Mientras, la Plenaria Memoria y Justicia, la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU) y el Centro de Estudiantes del Instituto
de Profesores Artigas (IPA) solicitaron la inmediata liberación de lo que
entienden como "presos políticos".
Dos de los procesados con prisión, Ignacio Corrales y Claudio Piñeiro, son
estudiantes que militan en los gremios de la enseñanza pública.

Otra de las procesadas, Lilián Bogado, trabaja en el CASMU y milita en la
Asociación de Funcionarios de esa institución médica, dominada por los
sectores radicales.
La cuarta procesada, Fiorella Josendes, trabaja en el Centro Social "El
Galpón de Corrales", un grupo integrado principalmente por anarquistas, que
creó un merendero y un lugar de alojamiento en el barrio de Villa Española.

Algunos integrantes de ese grupo viven en comunidad, en una vieja casa
ubicada en camino Corrales, y participan en todas las movilizaciones
convocadas por los sectores radicales.
Fiorella es la encargada de realizar el "taller de plástica" en ese centro
social e integra la "comisión de cultura", informó a Búsqueda Gustavo, uno
de los coordinadores del "Galpón de Corrales".



En su estatuto de funcionamiento, el Centro Social "El Galpón de Corrales"
se manifiesta a favor de "los más plenos valores de la democracia directa,
permitiendo y promoviendo la participación de todos y cada uno de los
integrantes desde su lugar, desde su posibilidad y disposición real, de
forma horizontal e igualitaria".



Sus integrantes dicen además que entienden al "Centro Social como una
instancia de participación", como "un espacio de socialización" y como "un
ámbito de resistencia" y de "reconstrucción nacional".



Lo que todos esos grupos radicales dejan en claro en sus comunicados y
páginas web, muchas de las cuales están centralizadas en indymedia.org, es
que la "lucha" recién comienza y anuncian que están preparando nuevas
movilizaciones contra el gobierno de Vázquez.





EL PAÍS PÁG. 8

Piden a la OEA datos de hechos del pasado.

Santiago Canton.



Legisladores y la Abogada Hebe Martínez Burlé solicitaron formalmente a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que envíe a Uruguay todas las denuncias y archivos que el
organismo tiene registrados sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y
Héctor Gutiérrez Ruiz, y las denuncias sobre la participación de efectivos
militares en dependencias policiales de Buenos Aires en la década del 70.

El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos OEA, el Abogado argentino
Santiago Cantón, se reunió con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
El funcionario se reunió también con el Secretario de la Presidencia,
Gonzalo Fernández, para procurar restablecer un vínculo de la comisión con
el Estado uruguayo.

Hubo un "tiempo prolongado de escaso diálogo" entre el país y la comisión,
que ahora se hará más "fluido" aunque no con el interés de hacer una
"supervisión" del país, aclaró.
Tras la presentación, a cargo de la Presidenta de la comisión legislativa,
la Diputada nacionalista Beatriz Argimón, Cantón informó que en la OEA se
reciben unas 1.500 denuncias anuales por la violación de derechos.



ULTIMAS NOTICIAS PÁG. 6

Operación zanahoria en el terreno de las dudas

LAS EXCAVACIONES ESTÁNA PUNTO DE CULMINAR SIN IDENTIFICAR INDICIOS DE
DESENHETRAMIENTOS.



El Poder Ejecutivo se aproxima a concluir que la Operación Zanahoria no
existió o, por lo menos, no donde los técnicos de la Facultad de Humanidades
señalaron que había indicios de remoción de tierra.


A MENOS de dos semanas de culminar las excavaciones en el Batallón Nº 13, se
desvanecen las posibilidades de hallar pruebas que demuestren que los
cuerpos de detenidos desaparecidos fueron enterrados y desenterrados en el
marco de la Operación Zanahoria.


En la historia sobre el destino final de los desaparecidos, el operativo de
desentierro de cuerpos a fines de 1984 es una pieza clave del rompecabezas.

El dato figura en el informe final de la Comisión para la Paz y la
investigación interna que el 8 de agosto el Ejército entregó al Presidente
de la República, Tabaré Vázquez.

Sin embargo, las excavaciones comenzadas en junio en base a un estudio
comparativo de fotos aéreas que identifican zonas donde el terreno
presentaba indicios de haber sufrido modificaciones, no han rendido los
resultados esperados.


Hace aproximadamente un mes, el Ejército aportó a los técnicos nueva
información que indicaba otras zonas para excavar, pero los datos eran "muy
vagos", confió una fuente vinculada a los trabajos.

No obstante, también se señaló que el terreno del Batallón Nº 13 presenta
múltiples dificultades por sus enormes dimensiones, la gran cantidad de
zonas que han sido rellenadas, un colector que pasa encima de los predios
donde se excava y el cambio de curso de una cañada cercana.


Frente al hecho de que se culminen los trabajos sin resultados positivos, se
explicó que esa situación, por sí sola, no sería probatoria de que la
Operación Zanahoria no existió.


Sí presentaría dudas y permitiría descartar ese lugar para buscar en otro
lado.


No obstante, fuentes consultadas por este medio indicaron que en el Batallón
Nº 13 "nunca quedó muy claro lo que se buscaba" a diferencia de lo que
ocurre en la unidad militar de Toledo donde se tiene certeza tanto del lugar
como del objeto de búsqueda.

Sin embargo, y pese a que los trabajos en el Batallón Nº 14 demandarán
varias semanas todavía -seguramente continúen hasta el año próximo- se
admitió que si allí, donde se presume está enterrada la nuera del poeta Juan
Gelman y otros ciudadanos, no aparece nada, "se caerá toda la estantería"
porque "toda la información recogida será puesta en tela de juicio". "Sin
resultados hay una sola hipótesis: todo fue mentira", se reconoció.


CITACIÓN A MILITARES

La Fiscal Mirtha Guianze solicitó al Juez Luis Charles que cite a declarar a
varios militares por la desaparición de Washington Barrios Fernández,
ocurrida en 1974 en Córdoba.


De esta forma, las citaciones a militares ante la Justicia por violaciones a
los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar vuelven al
tapete luego que la Justicia archivara el expediente de María Claudia García
de Gelman.


El ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Rebollo y los militares José
Gavazzo, José Silveira, Armando Méndez - Director de Aduanas durante el
gobierno de Luis Alberto Lacalle -, Manuel Cordero y Mario Mauriño forman
parte de la lista remitida por Guianze al magistrado.

Según dijeron fuentes judiciales a Ultimas Noticias, por este caso
declararán hoy la madre y hermana de Barrios, quienes este año decidieron
presentar por primera vez la denuncia ante las nuevas perspectivas que les
daba el gobierno de Tabaré Vázquez.


Barrios, un colombiano nacionalizado uruguayo, desapareció en 1974 en
Córdoba (Argentina). Era militante del Movimiento de Liberación Nacional
Tupamaros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP Argentina).

Entre el 21 y el 22 de octubre de 1974 efectivos de las FF.AA. uruguayas,
entre los que los denunciantes identifican a Gavazzo y Méndez, informaron
directamente a sus padres que Barrios había sido detenido en Argentina y se
encontraba bien de salud.









ULTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

"Se quieren llevar barcos".



El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma),
Luis Soria, dijo que la empresa Ulfimar intentó llevarse los cuatro barcos
hacia isla Mauricio, para "aprovechar" que la Jueza actuante trabó sobre las
naves embargo pero no impide que las mismas se hagan a la mar. La Dirección
Nacional del Trabajo convocó a la empresa para una reunión en la presente
jornada.


El Suntma concurrió ayer a la Comisión de Legislación del Trabajo de la
Cámara de Diputados para plantear lo que sucede con los trabajadores que
ocupan el buque Tabaré.

"Los trabajadores quisieron acceder al seguro de paro, pero como la empresa
no estaba al día con los aportes no lo pudieron hacer. Ahora estamos
pidiendo que se haga un depósito bancario. Creemos que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social puede formular una propuesta de esas
características para zanjar el diferendo", señaló.


"La empresa intentó llevarse estos barcos para la isla Mauricio. La
legislación en Uruguay admite el cese de bandera en 72 horas, si la empresa
está libre de deudas con el Estado. Pero lo que no se contempla son los
créditos laborales de los trabajadores. A estos funcionarios reclamantes se
les adeudan más de U$S 20.000", agregó el dirigente sindical.

Soria enfatizó que el gremio va a seguir apoyando a los trabajadores que
ocupan, al tiempo que marcó la diferencia con lo que puede ser una ocupación
"normal" de un lugar de trabajo.

"Acá se ocupa por la sencilla razón de que se llevan los barcos. Si se
llevan la fuente de trabajo después no hay cómo traerla, y en eso no pensó
la Justicia cuando permitió navegar", dijo.

Hoy la empresa concurrirá a una reunión con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) para explorar una posible solución.



LA REPUBLICA PÁG. 4

Amaral García reclamó que se haga justicia.



Luego de La República publicara en su edición del lunes una entrevista a
Julio Abreu, único sobreviviente de los detenidos que luego fueron fusilados
en Soca en diciembre de 1974, entre quienes se encontraban Floreal García y
Mirta Yolanda Hernández, Primera Voz de 1410 AM LIBRE entrevistó al hijo de
éstos, Amaral García, que reclamó "que se sepa la verdad" y "se haga
justicia".
García y Abreu se encontraron "hace casi un año" con la idea de "denunciar y
llegar a la Justicia", cosa que están "haciendo ahora", y no les resulta
nada fácil a ninguno de los dos, debido a que les "trae cosas a la cabeza".
"El día que nos conocimos fue una larga charla, poniéndonos al día de tantos
años que nos separaron, de un hecho que nos marcó a los dos, yo como niño y
él como adulto, yo con una conciencia de lo sucedido menor", explicó Amaral.

La posibilidad de hablar con Abreu le brindó "más certeza de los recuerdos
que tenía", como "los lugares de reclusión", de sus padres y suyos mismos
que aún convivían en su "cabeza como fotos aisladas y sin movimientos". Si
bien García prefirió no abordar los "términos legales" de la Ley de
Caducidad y sus alcances" reclamó "que se sepa la verdad" y "que se haga
justicia", siempre "en el terreno" de la legalidad.

"Tengo esperanza, ganas y necesidad de que pasen cosas, es muy cruel que
mueran cinco personas y que nadie se haga cargo", que "nadie te diga nada",
son "muchos años de esperar alguna respuesta" y en esta ocasión uno siente
que está "lo más cercano" que se puede estar del momento "de dilucidar la
verdad", expresó Amaral.
(Entrevista completa en ww-w.l410amlibre.com).


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