La Habana promete otra vez permitir la visita a la Isla del relator sobre la tortura



Naciones Unidas

La Habana promete otra vez permitir la visita a la Isla del relator sobre la tortura
Agencias
Ginebra 01-06-2012 - 6:16 pm.

El Comité contra la Tortura pide al Gobierno una investigación 'imparcial, exhaustiva y sin demora' de la muerte de al menos 202 presos en las cárceles de la Isla entre 2010 y 2011.

El Gobierno cubano se comprometió este viernes ante los miembros del Comité de la ONU contra la Tortura a autorizar la visita del relator especial de Naciones Unidas para este tema, el argentino Juan Méndez, cuyo predecesor intentó sin éxito durante años obtener autorización para entrar a la Isla, informó EFE.

El jurista y miembro del comité Fernando Mariño dijo a EFE que los delegados cubanos que participaron en la sesión en la que se examinó el caso de la Isla "se han comprometido a arreglar una visita" del actual relator, aunque no precisaron en qué fecha.

Si esto se concreta, "habría un órgano internacional independiente y competente que podría desplazarse a todos los lugares donde hay detenidos e informaría de manera autónoma sobre lo que allí ocurre", destacó.

Para La Habana significaría demostrar "que no tiene miedo político a someterse a un control por organismos exteriores".

El Gobierno cubano ha impedido durante décadas la entrada de organizaciones internacionales y de derechos humanos a las cárceles de la Isla.

Al antecesor de Méndez, el austriaco Manfred Nowak, La Habana le prometió en febrero de 2009 una visita a la Isla. Pero tras varias negociaciones de fechas y la advertencia del régimen de que impondría condiciones, la invitación nunca se concretó.

Nowak dijo que su intención era ver a todo tipo de presos, incluidos los políticos, y a sus familiares.

Una investigación imparcial de las muertes en prisión

Por otra parte, el Comité contra la Tortura pidió a La Habana este viernes una investigación imparcial sobre las muertes de 202 presos, reportó la AFP.

La resolución final del examen sobre la situación en Cuba pidió que "se investiguen sin demora, exhaustivamente, con imparcialidad y de modo eficaz todas las muertes de detenidos", que "de acuerdo con la escasa información facilitada, entre 2010 y 2011, fueron unas 202, una cifra que el Comité considera elevada".

Constituido por diez expertos independientes de distintas nacionalidades, elegidos por el voto secreto de los 150 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité examina periódicamente a dichos países.

"El Comité deplora que la información sobre la muerte del detenido en huelga de hambre Orlanda Zapata Tamayo fuera proporcionada de modo extemporáneo sin posibilidad de entablar dialogo alguno", indicó el documento, en alusión a la comparecencia de la representación de La Habana el 22 y 23 de mayo pasados.

"Lamenta también la falta de información sobre la muerte en custodia policial de Juan Wilfredo Soto García, tal como se solicitó en la lista de cuestiones" que el Comité hizo llegar a las autoridades cubanas varios meses atrás, sin conseguir una respuesta satisfactoria.

El Comité criticó las "detenciones arbitrarias por periodos breves, el uso de figuras penales ambiguas como la "peligrosidad social predelictiva" para justificar medidas de seguridad, restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento, presuntamente cometidos" por agentes del Estado.

Estas detenciones arbitrarias, por una duración de hasta una semana, se elevan a unas 2.400 en lo que va de 2012, según los datos que maneja el Comité, lo cual se suma a "actos de repudio" frente a los domicilios de miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y de las Damas de Blanco", dijo la entidad.

Reclamó "garantizar el respeto de las libertades personal y de libre circulación, incluido su derecho a retornar a Cuba, a las personas excarceladas bajo "licencia extrapenal".

Asimismo, exhortó a La Habana a "poner fin a la detención administrativa con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas, como la peligrosidad social predelictiva", cuyas víctimas sufrirían "el internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de trabajo o estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación".

El Comité criticó además "la falta de independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo tanto de la judicatura como de la función de los abogados", y pidió "medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial".

Denunció "el uso de métodos coercitivos en interrogatorios, en particular la privación del sueño, reclusión en condiciones de aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura", esperando que, en la práctica, se tomen medidas de "inadmisibilidad" para confesiones "obtenidas mediante coacción".

El Comité instó al Gobierno cubano a ratificar "los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas", concretamente los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las Convenciones para proteger a los Refugiados y a los Apátridas.

http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/11384-la-habana-promete-otra-vez-autorizar-la-visita-la-isla-del-relator-sobre-la-t
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