Re: El nuevo plan de Bush para el derrocamiento de las instituciones cubanas


Max,

Diras instituciones de la tirania. Esas instituciones no son cubanas.

bromselick@xxxxxxx wrote:
27 de agosto de 2006 -
La Habana (Cuba)

por Salim Lamrani* --


Justo antes de la hospitalización del presidente cubano Fidel Castro,
el presidente estadounidense George W. Bush aprobó un nuevo plan para
el derrocamiento de las instituciones cubanas. A diferencia del
anterior, este nuevo plan designa unilateralmente a los futuros
dirigentes «democráticos» de la isla y fija un plazo para la
realización del golpe de Estado: 18 meses. El plan incluye un anexo
secreto sobre los medios paramilitares o militares que serán
desplegados.

En mayo de 2004, Washington hizo público un larguísimo informe de 454
páginas, que elaboró la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre
(Commission for Assistance to a Free Cuba, CAFC), destinado a dar el
golpe de gracia al gobierno cubano y provocar su caída. Las sanciones
económicas se han endurecido y han afectado mucho a la calidad de vida
de la población cubana [1]. Poco satisfecho con los resultados
conseguidos, el 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó el nuevo
informe de 93 páginas, redactado bajo la dirección de la presidenta
de la CAFC y actual secretaria de Estado, Condolezza Rice, y del
secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez. El objetivo proclamado está
claro: acabar con el orden constitucional vigente en Cuba. Los medios
utilizados desplegados para su elaboración son impresionantes: cerca
de 100 personas procedentes de 17 departamentos y agencias federales
trabajaron durante meses para producir este nuevo documento [2].

Este plan, que consta de siete capítulos, dispone de un presupuesto
total de 80 millones de dólares para 2007 y 2008, con el fin de
reforzar el cerco impuesto a Cuba y subvertir el orden establecido.
Estos fondos se reparten de la siguiente manera:
31 millones de dólares para financiar aún más a la oposición
interna,
10 millones para actividades de cabildeo en las universidades,
24 millones para reforzar la propaganda contra la isla
y 15 millones de dólares para incorporar la comunidad internacional
al plan de ocupación de Cuba.
Además, el informe prevé un financiamiento de al menos 20 millones de
dólares anuales para los siguientes años «hasta que la dictadura
deje de existir». [3]

Esta vez, Washington incluso fijó un plazo para el derrocamiento del
gobierno de La Habana: 18 meses como máximo. Contrariamente a Irak
donde la administración Bush nombró un procónsul, Paul Bremmer,
después de la invasión del país, en Cuba, el puesto de procónsul ya
está ocupado por Caleb McCarry [4].

Las groseras acusaciones del Departamento de Estado darían risa si sus
objetivos no fueran tan alarmantes. Por ejemplo: «los cubanos siguen
siendo encarcelados por actividades que los estadounidenses consideran
normales: leer y ver lo que quieren; tener acceso a la información del
extranjero, incluso a Internet; organizar encuentros en casa para
hablar del futuro del país; disponer de una biblioteca o hacer firmar
peticiones». Según el gobierno estadounidense, este tipo de
actividades se castiga con la privación de libertad en Cuba [5].

En el mismo registro, el informe afirma que «el régimen castrista no
satisface las necesidades humanitarias más básicas del pueblo cubano.
La malnutrición crónica, el agua potable contaminada y enfermedades
crónicas no tratadas afectan todavía a un porcentaje significativo
del pueblo cubano». Y a todas luces (¿cómo atreverse a dudarlo?),
«la situación no mejorará mientras Fidel Castro esté en el poder».
[6]

Esta afirmación revela un profundo desconocimiento de la realidad
cubana o una voluntad deliberada de desinformación. En efecto, todas
las organizaciones internacionales, desde las Naciones Unidas, pasando
por el Banco Mundial, elogian de forma unánime el sistema social
cubano y el índice de desarrollo humano de la isla del Caribe. Cuba
disfruta de la esperanza de vida más alta y de la tasa de mortalidad
infantil más baja del Tercer Mundo. Cuba presenta una tasa de
mortalidad infantil inferior a la de los propios Estados Unidos. La
UNICEF señala incluso que Cuba es la única nación de América Latina
y el Caribe que ha logrado erradicar la desnutrición infantil [7].

La primera medida adoptada preconiza un mayor financiamiento para los
grupos de «disidentes». Washington prevé acelerar el reclutamiento
de individuos cuya misión será participar en el derrocamiento del
actual gobierno. A los 50 millones de dólares previstos en el primer
informe de 2004 se agrega una nueva suma de 31 millones. El plan de
Bush incluso cita por su nombre a las personas encargadas de reunir las
fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo
Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras [8].

En marzo de 2003, las autoridades cubanas arrestaron a 75 agentes a
sueldo del gobierno estadounidense. Esas personas fueron severamente
condenadas a causa de su sumisión a una potencia extranjera. Ricardo
Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional cubana advirtió a los
miembros de la «disidencia» que todo el que conspire con Washington y
aceptara sus emolumentos tendría que «pagar las consecuencias». [9]

«Mientras esa política exista, habrá personas que se verán
envueltas [...]. Conspirarán con los estadounidenses y aceptarán
dinero [de Estados Unidos]. Eso es un delito según las leyes cubanas.
No conozco ningún país que no clasifique tal actividad como un
delito», subrayó Ricardo Alarcón. «Imagínese que alguien en EEUU
esté sostenido, entrenado, equipado y asesorado por un gobierno
extranjero. Eso en sí mismo es un delito. Es un delito muy grave en
EEUU y que costar muchos años de prisión, muchos más de los que
puede costar aquí en Cuba», concluyó [10].

La administración Bush también asignó 24 millones de dólares
adicionales a Radio y TV Martí, con el fin de ampliar las
transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, lo cual constituye
una violación de la legislación internacional. Los miembros de la
«disidencia» cubana recibirán una parte de esa suma para adquirir y
distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los
programas que se transmiten desde Estados Unidos. El plan
estadounidense también invita a otros países a transmitir programas
subversivos hacia Cuba. También prevé «entrenar y equipar a
periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y
televisiva en Cuba». [11]

Washington quiere destruir la legalidad constitucional que prevé que
el vicepresidente, Raúl Castro, tome las riendas del país en caso de
desaparición del presidente cubano, Fidel Castro. Para ello, la
administración Bush ha elaborado un programa de cabildeo dirigido a la
comunidad internacional para que ésta no reconozca al eventual nuevo
gobierno cubano. Los países que sigan a Estados Unidos en su política
de agresión gozarán de apoyo económico mientras que los demás
tendrán que pagar las consecuencias de su desobediencia [12].

Además, los títulos III y IV de la ley Helms-Burton de 1996, que
prevén sancionar a los países que inviertan en Cuba, se aplicarán en
lo adelante, después de haber permanecido suspendidos durante diez
años consecutivos debido las protestas de la comunidad internacional y
en particular de la Unión Europea. Washington incluso ha designado su
blanco prioritario: Venezuela y su presidente Hugo Chávez, primer
socio comercial de Cuba, y mencionado quince veces en el informe [13].

El presidente venezolano reaccionó ante la publicación del último
plan, calificándolo de «nueva amenaza imperialista». «Continuaremos
la alianza estratégica con Cuba. Ahora es cuando Venezuela apoyará al
pueblo y a la Revolución Cubana», aseguró, al mismo tiempo que
aconsejó a la administración Bush que elaborara un plan de
transición para Estados Unidos, para salvar su propio sistema [14].

Por su parte el vicepresidente de la República Bolivariana, Vicente
Rangel, expresó su rechazo al plan denunciando la intención
estadounidense «de agredir y sojuzgar a la República de Cuba». «El
informe publicado por el Departamento de Estado confirma el
intervencionismo estadounidense, abierto y flagrante, en nombre de
principios que no respeta. Su irrefrenable voluntad de avasallar a
pueblos y violar el derecho internacional lo confirma», declaró.
También condenó « la obsesión que el gobierno de Bush tiene con
[su] país». [15]

Washington también planea confeccionar una lista de altos funcionarios
cubanos que deberían ser neutralizados en una Cuba ocupada. Estados
Unidos ni siquiera disimula sus intenciones de recolonizar la isla. En
efecto, Washington afirma que esas personas serán « sancionadas por
el gobierno estadounidense según lo establecido por la ley
estadounidense », como si Cuba fuera un nuevo Estado de la Unión
[16].

Para dañar la economía cubana, las autoridades de Estados Unidos
aplican ahora penas más severas a todo ciudadano estadounidense que
viaje a Cuba y reducen aún más los viajes de orden humanitario. Se ha
creado una nueva agencia para perseguir minuciosamente las
exportaciones de níquel, importante fuente de ingresos para Cuba, y
oponerse a la compra a terceros países de productos elaborados con
níquel cubano. El envío de remesas de dinero a Cuba ha sido
restringido todavía más, mientras que se reforzado las condiciones
exigidas para que las empresas estadounidenses puedan vender productos
alimenticios a Cuba. Hasta el Consejo de Iglesias Cubanas se ha visto
afectado por las nuevas restricciones y ya no puede recibir ayuda
humanitaria [17].

Las nuevas medidas también tienen buscan obstaculizar la asistencia
médica que Cuba brinda a las naciones del Tercer Mundo. Por ejemplo,
cerca de 250 000 latinoamericanos que padecían de catarata y otras
enfermedades oculares ligadas a la pobreza, recobraron la vista
después de operarse gratuitamente en Cuba. Del mismo modo, cerca de 60
000 médicos cubanos y personal del sector de la salud prestan
actualmente sus servicios de forma gratuita en las regiones rurales del
Tercer Mundo auxiliando a los más desposeídos en América Latina,
Asia y África. A partir de ahora, Estados Unidos prohíbe toda
exportación de equipamiento médico «destinado a ser utilizado en
programas a gran escala [para] pacientes extranjeros», cuando la mayor
parte de la tecnología médica mundial es de origen estadounidense e
[18].

El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, no
dejó de condenar esta decisión: «Que Bush [...] desprecia a los
pobres y a los negros de Estados Unidos, que le importa un bledo si
mueren abandonados, eso ya se sabe. Pero ahora sabemos también, porque
acaba de reconocerlo abiertamente, que su odio alcanza también a todos
los pobres, a todos los indios, a todos los negros y mestizos de este
mundo [19]».

Los capítulos 2 a 7 enumeran punto por punto las reformas políticas
económicas y sociales que Cuba tendría que emprender obligatoriamente
para ser considerada «democrática». Todo se menciona de manera
minuciosa, desde elecciones pluripartidistas y la instauración de una
economía de mercado, pasando por la devolución de las propiedades
nacionalizadas en los años 60, hasta la privatización de los
servicios de educación y salud. Por ejemplo, en el sector de la
educación, Washington insiste en que será obligatorio cambiar los
programas, los libros escolares y la formación de los profesores
cubanos. En una palabra, la reorganización de la sociedad cubana
sería completamente controlada y dirigida por Estados Unidos [20].

La extrema derecha de origen cubano de la Florida reaccionó con
entusiasmo ante la publicación de esta nueva política de agresión.
Alfredo Mesa, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano
Americana, organización extremista implicada en el terrorismo
internacional, expresó su satisfacción por «el compromiso de Estados
Unidos a elaborar una transición hacia la democracia en Cuba ». [21]

En cambio, varias personalidades estadounidenses condenaron las nuevas
medidas del presidente Bush. Wayne S. Smith, ex jefe de la Sección de
Intereses Norteamericanos en La Habana bajo el gobierno de Reagan de
1979 a 1982, subrayó que el plan está condenado al fracaso. «No hay
muchos cubanos que estén de acuerdo con la idea de abandonar la salud
y la educación universal y gratuita, así como otros servicios
importantes que brinda su gobierno», analizó [22].

Wayne S. Smith señala que el gobierno estadounidense presenta una
imagen de Cuba completamente desconectada de la realidad. «La idea
principal presente en este nuevo informe es que el régimen estaría al
borde del colapso y, enunciada como tal, sigue siendo estrafalaria. Han
pasado dos años [desde la publicación del primer informe en 2004] y
la economía cubana muestra señales de un fuerte crecimiento. Incluso
la CIA estima el crecimiento a un 8%. Ahora Cuba mantiene nuevas
relaciones económicas vitales con Venezuela y China y existen señales
de la presencia de reservas petroleras frente a las costas de la isla.
Varios países han ofrecido sus servicios para emprender perforaciones.
Las cosas están mejorando, no están empeorando», apunta, antes de
asegurar que «las acusaciones del informe son falsas» [23].

En cuanto a «la injerencia internacional» de Cuba que menciona el
informe, Wayne S. Smith fue muy claro. «Médicos cubanos han estado en
numerosos países, entre ellos Guatemala y Haití, además de Venezuela
y Bolivia. En todos los casos se han alabado la calidad y el
desinterés de su intervención. Si es esa la injerencia internacional
a la que se refiere el informe, haría falta más injerencia. Si no es
el caso, el informe debería proporcionar ejemplos del intervencionismo
al que aluden». [24]

En lo que se refiere al financiamiento de la oposición interna, Wayne
S. Smith expresó su total desaprobación. «Cuando Estados Unidos
declara que su objetivo es derrocar el gobierno cubano y después
afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los
disidentes cubanos, éstos se encuentran de hecho en la posición de
agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar su propio
gobierno», señaló [25].

Lucius Walker, presidente de la organización humanitaria Pastores por
la Paz (Pastors for Peace) señaló con su índice acusador el
presupuesto de 80 millones de dólares destinado a «anexar Cuba»
cuando Washington «no otorga recursos para abrir las escuelas de Nueva
Orleans [ni] becas para que los afroamericanos y los latinoamericanos
puedan estudiar medicina en Estados Unidos», deploró. «Hay que
luchar contra esta ley [pues] ningún gobierno tiene derecho a decir a
otro gobierno o a otro pueblo lo que deben hacer con su país»,
concluyó [26].

A diferencia del informe de 2004, este nuevo plan contiene un anexo,
clasificado como secreto «por razones de seguridad nacional», que es
motivo de gran preocupación para las autoridades cubanas, ya que
supone el uso de la violencia y el intervencionismo militar. Los
informes clasificados de los años 60, hoy parcialmente
desclasificados, revelan que Estados Unidos llevó a cabo una feroz
campaña de terrorismo y sabotaje contra el gobierno revolucionario,
organizó una invasión de la isla por mercenarios e incluso planificó
una invasión militar total por las tropas estadounidenses [27].

En efecto, como subraya Ricardo Alarcón, «en Estados Unidos, la
seguridad nacional es un concepto que está indisolublemente asociado a
lo militar o a actividades encubiertas (de tipo paramilitar)». [28]

Y añadió: «Después de haber divulgado todo lo que han divulgado
-decenas de millones de dólares más para sus mercenarios, nuevas
restricciones económicas y acciones ilegales contra el comercio
internacional y la soberanía de Cuba y de otras naciones, castigos
adicionales para los cubanos y para ciudadanos de otros países- y de
haber hecho público hace ya más de dos años su Plan en que hasta el
más mínimo detalle describe su intención de recolonizar Cuba;
después de todo eso, ¿qué es lo que a estas alturas tienen que
ocultar con el máximo secreto? ¿Qué esconden por razones de
'seguridad nacional y efectiva realización'? ¿Más ataques
terroristas? ¿Nuevos intentos de asesinato contra Fidel? ¿La
agresión militar? Tratándose de Bush y sus compinches cualquier cosa
es posible». [29]

El problema de salud de Fidel Castro y su hospitalización, el 31 de
julio de 2006, debilitan a Cuba y representan una «oportunidad» para
las ambiciones imperiales de poderoso vecino. Estados Unidos está más
tentado que nunca a emprender una nueva aventura militar para
reconquistar una isla de donde se vio expulsado por la revolución
popular de 1959 y que mantiene su resistencia.


Por Salim Lamrani*

*Periodista, investigador de la Universidad Denis-Diderot en París y
está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos.

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