Editorial: El caso Noguera

Por pena, ningun periodico colombiano dice que desde el DAS se
inviaba cocaina. Eso lo saben los Usa.

S.F.



http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/E/edito110909/edito110909.asp?CodSeccion=48



Editorial: El caso Noguera





El proceso que en pocas semanas iniciará la Corte Suprema de
Justicia contra el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, Jorge Noguera empieza a acaparar la atención de la opinión pública.

Y de seguro que también lo será de los medios internacionales
que cubren los principales acontecimientos que ocurren en Colombia. No solo
por los delitos de los que se le acusará -homicidio agravado, abuso de
autoridad, destrucción de documentos públicos y concierto para delinquir,
entre otros- sino también porque su nombramiento fue del resorte director
del Presidente de la República.

Como es de amplio conocimiento, el DAS es una dependencia
directa de la Presidencia, cuyas funciones le confieren a su Director un
extraordinario poder, especialmente en materia de información, de ahí que
cualquier abuso en su manejo puede resultar en delitos de suma gravedad.

No fueron pocas las denuncias y escándalos en que se vio
envuelto desde su nombramiento el ex director Noguera. Desde nexos con
grupos paramilitares hasta la manipulación de informes reservados, su paso
por el DAS siempre estuvo marcado por toda clase de críticas y
señalamientos, al punto que su situación al frente de esa dependencia se le
volvió insostenible al Presidente.

No fue, sin embargo, afortunada la decisión del primer
mandatario al designarlo como Cónsul General de Colombia en Milán, Italia,
porque ese nombramiento fue considerado como un premio injustificado para
quien en ese momento ya tenía varios procesos administrativos en su contra.

Igual o más deplorable fue la suerte que siguió corriendo el DAS
en las siguientes administraciones, pues antes que proteger la seguridad del
Estado, muchos de sus funcionarios se dedicaron a seguir en forma ilícita a
numerosos políticos reconocidos por su oposición al Gobierno.

Ahora bien, el caso de Jorge Noguera es particularmente sensible
para la Costa Caribe, no precisamente por sus orígenes samarios, sino porque
la mayoría de los delitos de los que se le acusa tuvieron funestas
consecuencias en nuestra región e involucraron a muchas personas de gran
valía y reconocimiento social.

Sindicalistas, abogados y profesores universitarios en
Barranquilla y en otras ciudades habrían sido asesinados por los grupos
paramilitares que operaban en la región en virtud de informaciones
reservadas que el DAS les habría suministrado en forma ilegal y subrepticia.

Y entre ellos, alguien cuyo asesinato provocó, y aún provoca, un
repudio general por tratarse de una persona reconocida ampliamente por
bonhomía y su pacifismo: Alfredo Correa De Andreis. Las circunstancias que
rodearon su muerte también suscitaron una gran indignación porque desde un
principio fue clara la posible participación en ella de agentes del Estado.

De ahí entonces la trascendencia del proceso que se le seguirá a
Noguera, puesto que la eventualidad de ser hallado culpable significaría un
golpe muy duro a nivel internacional para el Estado colombiano, cuestionado
en diversos escenarios por su posible responsabilidad en graves violaciones
a los derechos humanos.

No es gratuita, ni para minimizar, entonces, la atención que
este caso irá adquiriendo con el paso de los días a medida que se acerque el
inicio formal del proceso a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

El de Noguera es uno de muchos casos de funcionarios del Estado
que pudieron haber utilizado sus investiduras para cohonestar o ser
cómplices de verdaderos crímenes de lesa humanidad, que hoy claman ser
investigados y sancionados severamente no solo por la justicia colombiana,
sino por la comunidad internacional.

Es que difícilmente se pueden olvidar las miles de víctimas que
por espacio de varios años dejó la violencia paramilitar en el país, como
tampoco el legítimo derecho que tienen los familiares de ellas a que
finalmente se conozca la verdad y se haga justicia contra quienes fueren
hallados responsables.

El proceso, pues, que se le seguirá a partir del próximo 26 de
octubre a Jorge Noguera se constituirá en una importante prueba del Estado
colombiano de impartir justicia que no pasará desapercibida para nadie. La
Corte Suprema, objeto de no pocas críticas por estar supuestamente
politizando sus actuaciones, tiene que ser consciente de que su proceder
deberá, por ello, estar por encima de toda suspicacia al respecto.

Libre de presiones de toda índole e imparcial en la evaluación
del acerbo probatorio puesto a su consideración, la sala penal del máximo
órgano de la justicia en Colombia tendrá la palabra.




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