DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN .....:)

Derechos humanos y corrupción
Por Carlos Manfroni
Para LA NACION
Jueves 29 de mayo de 2008

Suele decirse que el actual gobierno mantiene una política activa en
materia de derechos humanos porque impulsa de manera agresiva la
investigación de graves crímenes cometidos en la década del 70.
Sin embargo, la falta de interés en la preservación de los derechos
humanos del presente -incluyendo, entre muchas cosas, la parcialidad con
la que se llevan a cabo esas investigaciones- y la enorme corrupción
estructural, encubierta por el activismo setentista, parecen mostrar la
conclusión contraria: un gobierno especulativo con la temática de
los derechos humanos.
Una política de derechos humanos no debería significar exclusiva ni
principalmente el juzgamiento de violaciones de la dignidad de las
personas. En todo caso, ésa será una tarea judicial, que, como tal,
no debería formar parte de la política. Cuando una tarea de la
Justicia pasa a formar parte de la política de un gobierno se pone en
peligro la objetividad de los jueces.
Existen algunas muestras de la parcialidad. La primera, que los jueces
han rechazado, hasta ahora, la posibilidad de juzgar también a los
miembros de organizaciones terroristas de los 70, con el argumento
forzado y contrario a la tendencia y jurisprudencia internacional de que
sus actos no constituyeron crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto,
están prescriptos. La segunda, que muchos de quienes integraron esas
organizaciones terroristas o las apoyaron ocupan cargos en el Gobierno e
incluso intervienen, en nombre del Estado, en las causas que los han
involucrado.
En esto existe un problema ético muy grave, porque aun si se supone
que los delitos de los ex terroristas están prescriptos, eso por sí
mismo no los hace moralmente mejores en el presente. Si alguien fue un
asesino en los 70, su condición moral no mejora por la prescripción
de su delito. Un gobierno con sensibilidad en materia de derechos
humanos advertiría esta diferencia.
Por otro lado, la amplitud con la que, en general, se emplea el concepto
de delito de lesa humanidad y su utilización para perseguir a civiles
de acuerdo con objetivos políticos del momento, como ha quedado
demostrado por la justicia española en el caso de María Estela
Martínez de Perón y en otros casos, revela un manoseo del derecho
internacional al que no todos están dispuestos a prestarse en el
mundo.
Una verdadera política de derechos humanos está encaminada a evitar
que en el presente y en el futuro se cercenen los derechos y las
libertades fundamentales. El sostenimiento ostensible de fuerzas de
choque que golpean a manifestantes pacíficos por el solo hecho de
expresar el rechazo de una política oficial, el avasallamiento de la
independencia de la Justicia por vía de la reforma del Consejo de la
Magistratura, la utilización del Poder Judicial y del ministerio
público como instrumentos de venganza contra aquellos a quienes se
considera opositores, la permisividad absoluta frente a la obstrucción
de la circulación vial a lo largo de años por grupos pro
gubernamentales, frente a la mano dura que ahora se levanta contra
quienes protestan contra el Gobierno, y las maniobras orientadas a
cercenar la libertad de prensa son apenas algunas de las señales de
preocupación selectiva por los derechos humanos.
Esta doble moral en materia de derechos humanos lleva a sospechar que
las acciones impulsadas por el poder político ante los jueces no
constituyen más que una distracción, cuando no una prenda arrojada a
las organizaciones de izquierda que todavía no han vendido sus
convicciones. Ello con el fin de disimular una estrategia que, bajo el
eufemismo de la argentinización, se encamina a la adquisición de
activos privados en beneficio de ciertos grupos allegados al Gobierno.
Los sobornos que se investigan en el caso Skanska; la valija de Antonini
Wilson; la bolsa de Felisa Miceli; el sistema de fideicomisos públicos
como modo de eludir las reglas corrientes de contratación; los
superpoderes; los manejos del Occovi, con multas por casi mil millones
de pesos que nunca se sabrá si son justificadas porque los trámites
fueron paralizados; la forma indigna de distribución de planes
sociales, con el propósito de mantener el sistema de clientela; la
política de subsidios que deja en manos del funcionario decidir a
qué empresa se ayudará con el dinero de todos, y la expoliación de
grandes, medianos y pequeños productores agrícolas son
circunstancias que ya no figuran en el repertorio de los censores de la
izquierda vernácula.
La inseguridad jurídica hunde una vez más a la Argentina en el
aislamiento. El Gobierno reacciona con una desgastada propaganda: "Los
argentinos somos derechos y humanos".
El autor fue miembro del grupo de expertos de la OEA que redactaron la
Convención Interamericana contra la Corrupción.

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