OTRA VICTIMA DE LOS MONTONEROS PIDE JUSTICIA !!!!



HIJA DE UNA VICTIMA DEL TERRORISMO EN LA ARGENTINA ACUSA A MONTONEROS DE
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Buenos Aires - Ana María Lucioni, hija del teniente primero Oscar
Abel Lucioni, es la querellante de esta nueva denuncia donde demandó
la apertura de todas las causas vinculados con delitos cometidos por
integrantes de la organización.
El objetivo de Lucioni es comprobar que el grupo extremista cometió
delitos de lesa humanidad y que sus crímenes fueron realizados con
complicidad del Estado argentino o de algún Estado extranjero. La
causa recayó en el Juzgado Federal Nº3, a cargo del juez Daniel
Rafecas, quien decidirá los pasos a seguir para la investigación de
la denuncia, y no es la primera que el movimiento recibe. Montoneros fue
la organización guerrillera más importante de todas las que se
inclinaban por el peronismo durante los '70. Asumió la autoría del
secuestro y asesinato del general Pedro. E Aramburu por su papel en el
derrocamiento de Perón en 1955 y los fusilamientos de militares y
civiles en 1956. Entre los fundadores predominaron activistas del
nacionalismo católico. Algunos de sus dirigentes han sido Sabino
Navarro, Fernando Vaca Narvaja, Mario Firmenich, Rodolfo Galimberti y
Carlos Ramus. La denuncia, iniciada el 4 de julio con el patrocinio del
doctor Edgardo Frola, fue destinada por sorteo al Juzgado Federal Nº
3, a cargo del juez Daniel Rafecas.
Hasta ahora, la Corte exige que se verifique la intervención del
Estado en crímenes tales como asesinato, secuestro o desaparición de
personas, para considerar a un delito en la categoría de lesa
humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. La presentación de Lucioni
se fundamenta, precisamente, en la acción que diversos miembros del
grupo Montoneros habrían ejercido desde el aparato estatal o con la
ayuda del poder público local o extranjero. Lo novedoso del caso es
que todas las situaciones que la denuncia aporta como prueba están
tomadas de libros escritos, en su mayor parte, por ex miembros de
Montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entre esas
situaciones figura el reconocimiento del hoy diputado Miguel Bonasso, en
su libro "Diario de un clandestino", sobre su desempeño en el aparato
de inteligencia de Montoneros, mientras trabajaba para la Presidencia de
la Nación, en 1973, como así también que ese grupo guerrillero
tenía una división especial para coordinar las acciones de lo que
él denomina "el funcionariado montonero"; es decir, los cuadros
montoneros que formaban parte del gobierno de Héctor Cámpora. Desde
esa estructura llegaban incluso a realizarse escuchas telefónicas,
como también lo reconocería Bonasso en el libro "El presidente que
no fue".
Lucioni también se apoya en la conocida embestida de Juan Domingo
Perón contra el entonces gobernador Oscar Bidegain, también
perteneciente a Montoneros, a quien el ex presidente culpó por el
ataque del ERP a un regimiento de Azul, localidad donde el gobernador
tenía su vivienda. Cita para ello a Gorriarán Merlo y a Bonasso, a
fin de demostrar el vínculo de Bidegain con los grupos insurgentes. No
es la única relación que establece con el gobierno de la provincia
de Buenos Aires, ya que la denuncia toma también un libro de Zamorano,
en el cual se indica que Troxler, jefe de la policía bonaerense
durante el gobierno de Bidegain, impartía entrenamiento militar a los
montoneros.
Pero una de los argumentos más fuertes, en este sentido, está tomado
del libro "Montoneros: La buena historia", de José Amorín, ex
montonero, quien reafirma que esa organización perpetró el asesinato
de Rucci y que las armas utilizadas en esa operación fueron
transportadas "en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos
Aires". También cita nuevamente a Bonasso, quien reconoce que había
puestos en el gobierno bonaerense que eran tapaderas de la real
actividad de combatientes montoneros.
Entre los hechos más fuertes presentados en la denuncia, en orden a la
vinculación de Montoneros con Estados extranjeros, aparece la
colaboración recíproca con el Líbano y la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP). Apoyada en el libro de Marcelo
Larraquy: "Fuimos soldados", Lucioni destaca que los Montoneros montaron
una fábrica de explosivos plásticos, operada en Beirut por un
ingeniero técnico argentino, para la OLP, a la vez que ellos
recibían entrenamiento del terrorismo islámico. La denuncia sostiene
que este reconocimiento revela que los montoneros son responsables no
sólo de los crímenes cometidos por ellos sino de los que la OLP
hubiere cometido contra objetivos israelíes y estadounidenses, pues
era evidente que conocían los fines para los cuales esa fábrica
estaba destinada. Lucioni pide también que se libre oficio a la
Embajada de Israel, a fin de ponerla en conocimiento de esa evidencia.
En cuanto al Estado cubano, la presentación refiere también al libro
de Larraquy, en el que se indica que Montoneros había trasladado su
comandancia a Cuba, durante la etapa de la contraofensiva. Allí
también los combatientes guerrilleros recibieron adiestramiento,
según una larga lista que proporciona el libro "Montoneros: final de
cuentas", de Juan Gasparini, otro ex miembro de esa organización. Esta
aseveración está reforzada con otras del libro "Los Perros", de Luis
Mattini, el nombre de guerra de Arnol Kremer, miembro del ERP. La
denuncia cita incluso una reciente nota de Le Monde Diplomatique,
escrita por Carlos Gabetta, en la que habla de los millones destinados
por Cuba y procedentes de la ex URSS, para la insurgencia en América
latina.
La denuncia pide que se anulen los indultos y se investiguen todos los
hechos desarrollados por el terrorismo, especialmente, los asesinatos
del teniente primero Lucioni, del ex secretario general de la CGT,
José Ignacio Rucci, del ex ministro del Interior, Arturo Mor Roig, de
filiación radical, del padre Carlos Mujica ?de quien Gasparini dice
que fue ultimado por Montoneros- , de David Kraiselburd, del ataque al
regimiento de Monte 29, de Formosa, del general Cesáreo Cardozo, a
quien una amiga de su hija colocó una bomba bajo su cama y todos los
producidos durante la contraofensiva, incluyendo los del Líbano. La
curiosidad de la denuncia consiste, además, en que Rafecas ya anuló,
en una causa reciente, el indulto 1003 de 1989, que benefició a un
grupo de militares, pero en ese mismo indulto estaba incluido Miguel
Bonasso, como lo destaca la denuncia Volver a la pagina anterior
21/10/2007
Crónica y Análisis

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